La Casa Blanca invocó este miércoles un «privilegio ejecutivo» para impedir que una comisión parlamentaria controlada por la oposición demócrata tenga acceso al informe final completo de la investigación sobre si Rusia ayudó a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca, una decisión que escala la disputa entre el presidente y el Congreso.
La decisión del gobierno, que podría desatar una batalla en los tribunales, fue anunciada justo cuando la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes se preparaba para votar si declara en desacato a William Barr, el fiscal general de Trump, por no haber entregado al Congreso el informe final del fiscal especial Robert Mueller.
El presidente de la comisión, el demócrata Jerrod Nadler, declaró que las acciones del Departamento de Justicia son otra señal del «desafío total» de Trump a los derechos constitucionales del Congreso. «Cada día que pasa nos enteramos de nuevos esfuerzos de este gobierno para obstruir al Congreso. Esto no tiene precedentes», señaló Nadler en un comunicado.
Por el contrario, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que la decisión se tomó ante el «flagrante abuso de poder» de Nadler y por pedido de Barr. «Ni la Casa Blanca ni el fiscal general William Barr complirán con las exigencias ilegales y temerarias del presidente Nadler», agregó, citado por CNN.
En una carta enviada el martes a Trump y hecha pública este miércoles, Barr explicó que el informe de Mueller contiene millones de páginas de información clasificada y no clasificada. Agregó que fue «el abrupto recurso de la votación sobre desacato» de la comisión lo que «no le dio a usted tiempo suficiente de considerar plenamente si hacer o no una afirmación concluyente de su privilegio ejecutivo». Barr aconsejó entonces a Trump que reafirme su privilegio por ahora, «en espera de una decisión completa sobre el asunto».
Demócratas de la comisión dijeron que el gobierno de Trump pisotea la responsabilidad y potestad del Poder Legislativo de controlar las acciones del Poder Ejecutivo. «Este es un momento histórico. El presidente ahora busca tirar una bola de demolición sobre la Constitución de Estados Unidos», dijo la congresista Sheila Jackson.
Durante casi dos años, Mueller investigó si Rusia y la campaña de Trump se confabularon para ganar las presidenciales de 2016 y si el mandatario intentó obstruir la pesquisa sobre esas sospechas.
El mes pasado Mueller completó un informe con sus conclusiones y lo entregó al Departamento de Justicia. El Departamento publicó una versión editada del documento, con múltiples secciones censuradas por motivos de seguridad o legales.
El informe, de 448 páginas, detalla hasta diez instancias en la que Trump pareció intentar obstruir la Justicia, pero Mueller, haciendo notar que la política del Departamento de Justicia es que un presidente en funciones no puede ser procesado, optó por no pronunciarse sobre si el mandatario había o no cometido el delito.
Eso permitió a Barr -un funcionario nombrado por Trump- declarar que la evidencia era insuficiente y librar de toda culpa al presidente, algo que desató polémica y confusión y que, según medios, dejó a Mueller muy descontento.