El fiscal Gerardo Pollicita pidió la elevación a juicio oral y público de Omar “Caballo” Suárez, ex titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), detenido desde septiembre de 2016 por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Se lo acusa de “ser el jefe y organizador de una asociación ilícita” y haber ejercido “coacción agravada” (extorsión) contra empresarios navieros y “administración fraudulenta” en detrimento del sindicato y de la obra social.
Suárez acumula dificultades en la Justicia. Además de estar acusado por los delitos mencionados, ya cuenta con otro procesamiento de diciembre de 2014 por entorpecer las vías navegables. El juez Canicoba Corral, que además lo investiga por lavado de dinero, le trabó un embargo por 10 millones de pesos.
En la causa que el fiscal Pollicita pidió sea elevada a juicio oral, se encuentran procesadas otras 10 personas del entorno de Suárez, incluidos sus laderos Rigoberto Cardozo y Jorge Vargas, aunque continúan todos en libertad.
En la causa se enumeraron cinco casos en los que el juez da como comprobado que Suárez extorsionaba a las empresas para dejarlas operar. Incluye buques metaneros que, desde 2008, empezaron a descargar gas licuado en el puerto de Escobar y que la cuenta final la pagaba Enarsa.
También se planteó una triangulación de fondos entre empresas relacionadas con Suárez y su entorno: la principal es San Jorge Marítima (SJM), que recibió millones de dólares por conceptos vinculados a cursos de capacitación.
SJM, empresa de la que el SOMU era propietaria en un 20%, cobró varios millones pero “nunca figuró el ingreso por el porcentaje correspondiente a los balances del SOMU”, de acuerdo al escrito. A su vez, la firma le daba cursos de inglés a los marineros para que pudieran embarcar y operar buques con tripulación extranjera: el tema es que nunca se dieron esos cursos.
Durante la investigación se confirmó que por un lado el SOMU pagó a SJM, de 2009 a 2015, 21.826.877 pesos. La otra vía de recaudación era por el lado de las empresas: Suárez les “exigía donaciones” a las marítimas, y sólo entre 2010 y 2011 se recaudaron cinco millones de dólares.
Al ser procesado y detenido, el juez Canicoba presentó 116 elementos de prueba, entre los que figuran las denuncias de marineros (como la de Alejandro Giorgi, quien integró el secretariado general pero denunció la corrupción) y los informes de las intervenciones, tanto del sindicato como de la obra social.
El único con prisión preventiva y domiciliaria hace diez días por decisión del juez Luis Rodríguez que subrogaba a Canicoba Corral, es el Caballo Suárez. En su momento el juez de la causa había señalado que el objetivo de la detención era “asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá en la investigación judicial (…) debido a que continúa ejerciendo su rol como jefe de la asociación ilícita en las sombras lo que le permite tener injerencia sobre los afiliados”.
Esta semana podría definirse si continuará con el beneficio de la prisión domiciliaria o si vuelve al Penal de Marcos Paz.
Fuente: Clarín