Un informe de la Inspección General de Justicia reveló numerosas inconsistencias en los libros societarios de varias empresas del empresario kirchnerista Cristóbal López, quien está preso en el penal de Ezeiza.
La IGJ efectuó un análisis de los libros de registro de acciones de las sociedades Oil Construcciones S.A., Indalo Inversiones de Argentina S.A., CPC S.A., IGD S.A., OIL M&S, Insurance Global Investments S.A. y M&S Consulting S.A.
El organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, detectó entre otras irregularidades, anotaciones realizadas con lápiz, enmiendas y sobreescritos sin salvar y blancos sin completar.
El informe ya está en poder del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quien instruye una causa en la que se investiga si la venta del Grupo Indalo fue hecha en fraude para eludir la inhibición general de bienes dictada en el expediente por la deuda millonaria de Oil Combustibles por no pagar el impuesto a los combustibles líquidos.
Virginia Scharn, jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de la IGJ indicó que los agregados en lápiz «deben considerarse como no escritos por no estar realizados en tinta indeleble y ser fácilmente modificables. Asimismo, entiendo que la validez de los asientos que contengan enmiendas y sobrescritos no salvados en legal forma deberán ser apreciada por V.S., según la medida en que el defecto excluya o reduzca su fuerza probatoria».
El fiscal federal Ramiro González solicitó que, como el estudio se hizo solamente en los libros de sociedades comerciales constituidas en la Ciudad de Buenos Aires, se analicen también los registros de acciones de las firmas que sido constituidas en otros distritos. Según señaló González, las firmas que faltan son Promet S.A., Los Nostros S.A., Tecnological S.A., South Mineral S.A., Brook S.A., Petrolera Cerro Negro S.A., Inverco del Cono Sur S.A. y Magenta S.A.
A tal fin, el fiscal González pidió que se convoque a un profesional idóneo de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y de la autoridad provincial que corresponda para que efectúe un análisis de los libros de Registro de Acciones de las sociedades comerciales no constituidas en la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de determinar si se han vulnerado las formalidades que exige la ley