Por Diego Carballido
Elizabeth Gómez Alcorta es abogada penalista, especialista en Derechos Humanos y Presidenta de Profesionales para los Pueblos, aunque se la conoce popularmente por llevar adelante dos causas emblemáticas del último tiempo. Por un lado, batalla en la provincia de Jujuy por la libertad de Milagro Sala y, en el otro extremo del país, busca la no extradición del referente de la comunidad Mapuche, Facundo Jones Huala. El martes por la noche, participó del panel denominado “Derechos Humanos versus neoliberalismo” organizado por la agrupación Patria Grande en las instalaciones del Museo de la Memoria. Con la gente dialogó con la abogada respecto a sus dos casos más resonantes.” En el caso de Milagro, son muchas las causas. Popularmente se cree que es una, pero tiene entre 13 y 14 causas, hay dos nuevas que se iniciaron hace muy poco. Con respecto a la detención, lleva más de 800 días de detención preventiva. Porque hay que recordar que Milagro no está detenida en el marco de ninguna condena. Las dos causas por las que tuvo juicio, en una fue condenada en suspenso a tres años, en diciembre de 2016, pero no se encuentra firme y en diciembre último fue absuelta. Y no lo decimos solo nosotros, sino el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, las Naciones Unidas, las medidas cautelares y previsionales de la Corte y de la Comisión Interamericana, todos coinciden en que su detención obedece claramente al marco de una persecución política” explica Gómez Alcorta y agrega: “Suponemos que durante este año van a acelerar algunas de las causas, centralmente las que tienen contenido vinculado a la administración de bienes del Estado, para lograr tener una condena a cualquier costo, porque sigue pasando el tiempo y no la logran condenar. La tienen que seguir manteniendo detenida y se encuentra en una situación sui generis, porque está en un domicilio que no es el de ella con un régimen penitenciario, algo que seguimos denunciando”.
En el caso del referente de la comunidad Mapuche, Jones Huala, la abogada sostiene: “Se ordenó su libertad después del primer juicio de extradición que se había declarado nulo, el 31 de agosto del 2016, pero se lo vuelve a detener el 27 de junio de 2017. Es el comienzo de un nuevo proceso de extradición, por los mismos hechos y los mismos pedidos de Chile, sin ningún motivo nuevo. Incluso estando pendiente en la Corte la apelación respecto a la nulidad del juicio anterior. Se plantearon una serie de incidentes, en términos personales denuncié al juez Villanueva y al Fiscal Bagur Creta por privación ilegal de la libertad de Facundo. La causa avanzó y se llevó adelante el segundo juicio de extradición, una vulneración absoluta de todos los derechos sin la posibilidad de que se ofreciera un solo testigo. Realmente, creo que va a ser uno de los casos más paradigmáticos de esta época con respecto a las violaciones a los Derechos Humanos”.
Paralelismos
Si bien se trata de dos causas diferentes, Gómez Alcorta, encuentra en el proceso judicial llevado adelante en ambos referentes sociales ciertas similitudes que alertan sobre el estado de la justicia y su independencia: “Hay cuestiones en común; la utilización del poder judicial porque tiene un manto de legitimidad y legalidad que todavía hace que mucha gente le siga creyendo. A pesar de que eso se vaya perdiendo cada vez más”, y deja en claro: “Sumado a que se trata de dos personas particulares, ambos emergen como líderes populares para los cuales el poder estatal tiene amplio niveles de racismo. El hecho de que sea un mapuche y una coya tienen un punto en común muy importante: su persecución es muy fácil. Los dos vienen con un fuerte contenido mediático de estigmatización, uno es un terrorista y la otra es una ladrona, y no quedan lugar para las dudas. A pesar de que nadie conocía a Facundo antes, nadie sabía cuál es su comunidad y, de repente, nadie duda que se trata de un terrorista. También existen particularidades, Facundo no era un oponente político en término como lo era Milagro para el régimen de Morales. La Tupac Amaru para el 2015 era la tercera empleadora de la provincia de Jujuy, en el 2009 llegó a tener 70 mil miembros y claramente para el gobierno de Morales tenerla a Milagros en libertad le iba a implicar una serie de crisis de gobernabilidad. El caso de Facundo, está más vinculado a la idea de nuevas amenazas que bajan desde los Estados Unidos y con la necesidad de romper con este principio delimitador entre seguridad y defensa, junto con la idea de la utilización de las fuerzas armadas en caso de terrorismo. Como no tenemos un enemigo terrorista, lo inventamos”.
Charla-Debate: ¡NI UN PASO ATRÁS!
Derechos Humanos vs Neoliberalismo
A 42 años de la dictadura genocida, y en este contexto de preocupantes retrocesos, es necesario hacer un diagnóstico colectivo de la situación de los DDHH en nuestro país para poder defenderlos con la mayor fortaleza en las luchas por venir.
👉 Eli Gomez Alcorta
Abogada penalista, de DDHH y derecho indígena. Defensora de Milagro Sala y Facundo Jones Huala. Patria Grande.
👉 Gabriela Durruty
Abogada querellante en causas de lesa humanidad por organismos de DDHH de Rosario. Ciudad Futura.
👉 Gabriel Ganón
Abogado penalista y criminólogo. Ex Defensor General de la Provincia de Santa Fe. Querellante en causas de Violencia Institucional.
Modera Fernando Rey, referente de Patria Grande Rosario y activista de DDHH.
¿Por qué una charla titulada: NI UN PASO ATRÁS! Derechos Humanos vs Neoliberalismo?
El terreno de los derechos humanos se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de la disputa política desde la asunción del gobierno de CAMBIEMOS. El retroceso en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia –que fueron el eje de las políticas públicas en DDHH de los gobiernos kirchneristas- va acompañado de un discurso negacionista. El proceso de juzgamiento de estos hechos ha tenido una serie de reveses, el más grave y conocido es el dictado del Fallo Muiña –del 2×1- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; también en los procesos judiciales diariamente se ve un notorio desaceleramiento de los juicios, así como incremento de las prisiones domiciliarias.
Sumado a ello, el nivel de autonomía policial y de las fuerzas de seguridad ha alcanzado niveles inauditos, teniendo como corolario de esta política la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. A la vez esa autonomía es acompañada por un discurso de amplio respaldo político a todas las acciones represivas –el ascenso del gendarme Echazú y el apoyo de Macri a Chocobar son claros ejemplos de ello-. Esto tiene una implicancia directa en el aumento de violencia estatal, subiendo los niveles de letalidad, de restricción de las libertades personales y de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía en general, y de ciertos grupos específicos en particular.
Esta demagogia punitiva, tiene un impacto diferencial en la represión ante la protesta social. Desde el inicio de la gestión de Bullrich se ha levantado la bandera del fin de la utilización del espacio público para las movilizaciones sociales o políticas con el protocolo antipiquete. Se pretende que el consenso antirepresivo en nuestra sociedad retroceda a la situación previa a los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en 2002.
La estigmatización a las comunidades indígenas, en particular al pueblo mapuche y la comunidad en Cushamen abre un nuevo capítulo en la política de derechos humanos, agregando a la represión, la criminalización y el encarcelamiento, la utilización práctica de la figura del terrorismo.
El rol del poder judicial y de los medios de comunicación es central y sin ellos resultaría imposible el avance en las libertades y los derechos.