El tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná confirmó el embargo por 26 millones de pesos sobre los bienes del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados en Entre Ríos, Sergio Urribarri, al desestimar los planteos de apelación en su defensa en la causa que se le sigue por la presunta malversación de fondos públicos con los que habría beneficiado a su cuñado, también involucrado en la denuncia.
La decisión del juez Daniel Malatesta, único integrante de ese tribunal de alzada, es extensiva al exministro de Comunicación y Cultura durante la gestión Urribarri y actual diputado provincial por el peronismo, Pedro Báez.
Además, alcanza al secretario del bloque de senadores del oficialismo y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, sindicado como el beneficiario de los fondos que se pagaron en concepto de publicidad.
Urribarri, Báez y Aguilera son investigados por la contratación irregular de publicidad a partir de una denuncia que realizó en 2013 el ex diputado nacional por Entre Ríos, el radical Jorge D’Agostino, que ahora preside el Comité Nacional contra la Tortura.
Urribarri y Báez están acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por el desvío de 24,2 millones de pesos.
Los fiscales ya adelantaron que pedirán que sean condenados a ocho años de prisión cada uno.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2015, y refieren a las contrataciones directas de publicidad oficial, que habrían sido «direccionadas» a la empresa de un familiar de Urribarri.
En su denuncia, D´Agostino precisó que el gobierno de Urribarri adjudicó un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó, y 500 mil pesos a Global Means SA, una firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B.
Señaló además que, entre los medios más beneficiados con publicidad, estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos; y el diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.
En su resolución, el juez entendió que estaban dadas las condiciones para aplicar una medida de embargo que calificó como «extremadamente provisoria».
«Estamos en una fase intermedia y lo que hay es una estimación y es lo que corresponde. En todo caso, una determinación precisa -sobre ese monto- sólo podrá obtenerse en el eventual dictado de la sentencia que surja del juicio», argumentó Malatesta.