Los legisladores Carlos Del Frade y Luis Rubeo, integrantes de la comisión de seguimiento del caso, se mostraron disconformes con la decisión del juez Fabián Lorenzini
El juez Fabián Lorenzini, que tiene el concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, resolvió hoy la intervención por 90 días hábiles judiciales del órgano de administración de la firma, sin desplazar a su actual directorio. En un fallo, el magistrado designó como interventor en la firma a Andrés Shocron, que actualmente se estaba desempeñando como uno de los veedores en la compañía.
Tras la resolución, CLG dialogó con Luis Rubeo y Carlos Del Frade, diputados santafesinos que integran la comisión de seguimiento del caso. Los legislados expresaron su disconformidad con la decisión judicial, aseguraron que “llega seis meses tarde” y manifestaron que la misma “no resuelve el problema de fondo, sino que lo complica”.
“La resolución tomada me parece que no resuelve el problema de fondo, sino que lo complica. No lleva adelante un proceso de intervención pleno como había pedido la provincia de Santa Fe. Hace un mix donde designa una persona que no sabemos hasta el momento a quien representa y ratifica al actual directorio”, indicó Rubeo.
Y agregó: “Los directivos querían constituir un comité de acreedores para avanzar en la restructuración de la empresa. Ahora involucrar al gobierno sin saber cuáles son las facultades, y donde hay que tomar resoluciones de fondo, como por ejemplo saber si se pesifica la deuda de los acreedores”.
Por su parte, Del Frade puso de relieve que “es una medida que llega seis meses tarde y busca lavarle la cara a Vicentin en su intento de recuperar confianza y arreglar con los acreedores”.
“Hay que retomar el camino de la expropiación para constituir una empresa pública no estatal. Y exigirle a la empresa que traiga los millones de dólares que fugó al país y que pague las deudas”, concluyó.
El fallo
En un fallo, el juez designó como interventor en la firma a Andrés Shocron, que actualmente se estaba desempeñando como uno de los veedores en la compañía. Según el magistrado, este interventor tendrá facultades «similar rango al de Presidente del Directorio». Precisa que «en lo sucesivo todo acto de administración o que demande la previa autorización judicial, deberá contar con su expresa conformidad».
En tanto, según lo resuelto por el juez, la subintervención quedará para una persona «que deberá ser nominada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe».
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Entre otras medidas, el magistrado también resolvió «la prohibición de modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada, al momento de la última Asamblea Ordinaria».
En un escrito de más de 50 páginas, Lorenzini explica por qué decidió la medida elevando el rango de importancia de los veedores. Vicentin se concursó en febrero pasado. Sobre unos US$1300 millones debe unos US$300 millones al Banco Nación, más de US$500 millones a un consorcio de bancos internacionales y el resto a productores agropecuarios y cooperativas, entre otros proveedores.
«La principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este Juzgado. Cabe destacar aquí que, el retaceo de información, la obtención parcial y tardía de la misma o su acceso merced a intimaciones y emplazamientos, se ponderan como una conducta equiparable a la omisión en la medida que implican desconocer el deber de colaboración asumido voluntaria y libremente con la petición de apertura del proceso concursal», señaló.
En este sentido, mencionó «las inconsistencias demostradas en orden a la presentación del balance del ejercicio 2018-2019, lo que motivó una intimación judicial y emplazamiento a los Sres. directores en tal sentido». En octubre pasado Vicentin presentó un balance donde anunció una pérdida de más de $52.000 millones en 2019 luego de haber tenido un resultado positivo superior a los 2800 millones de pesos durante 2018.