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«Ante la crisis catalana es urgente reformar la Constitución»


La ministra de Política Territorial del nuevo gobierno socialista español, Meritxell Batet, afirmó este sábado que es «urgente» reformar la Constitución del país para contribuir a solventar la crisis abierta por el soberanismo catalán. 

En un acto de su partido en Barcelona, su ciudad natal, Batet dijo que la reforma de la Constitución española, vigente desde finales de 1978, es «urgente, viable y deseable». 

Y es urgente, añadió, «porque necesitamos superar esta crisis institucional que estamos viviendo, de manera muy particular en Cataluña, pero que en el fondo es una crisis de Estado» y afecta a todos los españoles. 

Batet hizo la afirmación tras unos gestos amistosos entre el nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del gobierno regional catalán, el separatista Quim Torra. 

Ambos hablaron el viernes por teléfono y acordaron «verse muy pronto». Poco antes, el gobierno de Sánchez levantó el control previo de gastos que el Estado central tenía sobre el ejecutivo catalán, aunque advirtió que la posibilidad de acordar un referendo de autodeterminación en Cataluña está fuera de toda negociación. 

Desde hace un tiempo, el Partido Socialista de Pedro Sánchez aboga por una reforma constitucional que profundice en la descentralización de España, un país articulado en 17 Comunidades Autónomas con amplias atribuciones, entre ellas sanidad y educación. 

Entre los cambios propuestos está convertir el Senado español en una cámara de representación de las regiones, «clarificar» el sistema de atribución de competencias y mejorar la financiación, en una España donde son habituales las reclamaciones económicas de los distintos territorios al Estado central. 

Sin embargo, los socialistas lo tienen muy difícil para reformar la Constitución, una tarea que requiere mayorías cualificadas en ambas cámaras. 

Con 84 diputados de 350 en la cámara baja, el gobierno de Sánchez es el más minoritario en España desde 1977, y el Senado está controlado por el conservador Partido Popular (PP), que se ha mostrado extremadamente cauteloso ante la posibilidad de reformar la Carta Magna.