Tras agotar anteriores instancias legales y a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pareja de productores quedaron a merced de la decisión del juez provincial, Sergio Verdura
Una familia de productores agroecológicos del sur de Santa Fe se enfrenta a un inminente desalojo por una causa en su contra llevada a cabo por la Fundación Honorio Bigand, que reclama la tenencia y explotación de las tierras en las que los campesinos trabajan desde hace 102 años.
Tras agotar anteriores instancias legales y a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pareja de productores de la localidad de Bigand, Sandra Gobbo y Oscar Marinucci, quedaron a merced de la decisión del juez provincial, Sergio Verdura, quien ayer firmó su desalojo “acabando con 102 años de historia de arraigo, de producción ecológica y de vida”, consignó la mujer a Télam.
Bigand es una localidad de la provincia de Santa Fe, en el departamento de Caseros, ubicada en el cruce de la ruta nacional 178 con la provincial 14, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Rosario y a 236 de la capital santafesina.
La localidad fue fundada oficialmente un 15 de julio de 1909 por Víctor Aureliano Bigand, a la vera del ferrocarril Mitre que conectaba las ciudades de Rosario y Bahía Blanca.
“Teníamos 58 hectáreas, de las cuales 50 eran utilizadas para producir un maíz orgánico espléndido, una planta vigorosa y sana, sin agroquímicos, que el 16 de diciembre de 2021, por orden de los integrantes de la Fundación, fue destruido totalmente”, contó Gobbo.
Así, las 50 hectáreas que fueron explotadas por sus familiares durante cuatro generaciones quedaron en manos de la fundación que no les renovó su contrato de arrendamiento histórico.
Actualmente, a los Gobbo-Marinucci les quedan unas pocas parcelas en donde se emplaza su pequeña casa rural, con un predio en el que crían chivos, corderos, ovejas y gallinas que venden para subsistir; y que están a punto de perder.
“Ahora nos sacan empecinadamente el último lugar que nos queda a pesar de que ellos tienen 3500 hectáreas de campo productivo y se llevan millones de dólares”, apuntó Gobbo, al tiempo que afirmó: “Nos usan de ejemplo para que nadie más se revele contra este poder económico que cree que todo lo puede, dejándonos a los 60 años sin vivienda y sin trabajo”.
En los últimos 17 años, la familia ha denunciado públicamente persecuciones, el ahogo económico, disparos de armas de fuego, atentados con autos y tractores; y fumigaciones ilegales en su hogar, entre otros ataques.
En ese sentido, la productora agroecológica afirmó: “Esta no es la lucha de una familia en particular, sino que crea una jurisprudencia en la que un poder económico, a través de la ayuda del poder judicial, desaloja a pequeños agricultores familiares”.
Las tierras en disputa pertenecen al fundador del pueblo, Víctor Bigand, quien arrendaba las parcelas a distintas familias campesinas, y cuyos hijos no dejaron descendencia, es por eso que en 2004, al fallecer la última heredera (María Mercedes Octavia) se conoció que la mujer había otorgado la explotación de las 3500 hectáreas a una fundación creada para realizar actividades de caridad y bien público, aunque sin afectar la situación de los pequeños productores pioneros.
De inmediato, la fundación comenzó una estrategia para desalojar a los productores originarios y hacerse de esos terrenos, es así que de las 27 familias arrendatarias, hoy sólo permanece resistiendo la de Gobbo-Marinucci, quienes denuncian que el accionar de la entidad “va en contra del testamento que los obliga a ayudar con lo recaudado a cinco instituciones del pueblo”.
A su vez, indicaron que los integrantes de la fundación incumplen la cláusula 10 del testamento “que indica que los campos no pueden venderse, y en caso de enajenarse tienen prioridad de compra las familias que estuvimos desde 1920 con los Bigand”.
“En los 17 años que llevamos de luchas siempre vemos que la balanza se inclina hacia los más poderosos, lo vimos cuando llegamos a la Corte Suprema provincial”, señaló .
En esa instancia, los ministros de la Corte decidieron que la familia no estaba amparada por la ley provincial Nº 13.666 que impide los desalojos en esa provincia, y ante la falta de reglamentación de la la Ley Nacional Nº 27.118 de reparación Histórica para la Agricultura Familiar, “quedamos atados de pies y manos, y no podemos utilizarla judicialmente para evitar el desalojo”.
A su vez, resaltó que “tampoco fue suficiente para los ministros” que su producción se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, y por tanto los ampara la legislación nacional y provincial.
“Nosotros no tenemos vida de la tranquera para afuera, es literal, porque con 60 años y una vida hecha acá, preferimos morir luchando de pie en nuestra casa, juntos tomados de la mano como hace 41 años lo hacemos”, finalizó la mujer.