Por Claudio Tomasi, nuevo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina.
La desigualdad impacta de lleno entre las y los latinoamericanos. La alta desigualdad interactúa con una baja y muy volátil tasa de crecimiento. Estos dos fenómenos mantienen a América Latina “atrapada” en un círculo vicioso, que se ha profundizado más aún desde la irrupción del Covid19. Este es el desafío central que plantea el nuevo Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La región es la segunda más desigual del mundo, en un contexto signado por casi un tercio de las muertes a nivel global que causó la pandemia (mientras que representa solo el 8,4% de la población mundial) y una caída del PIB del 6,5% (en contraposición con el 3,5% a nivel global). En este marco, las percepciones de la ciudadanía son reveladoras: el 80% manifiesta que la distribución del ingreso es desigual, y una amplia mayoría también considera que el acceso a la salud y la educación es inequitativo.
Estas percepciones se vinculan de forma estrecha con múltiples manifestaciones de la desigualdad en América Latina: desde trayectorias educativas fuertemente segmentadas y una marcada división de los roles de género en las tareas domésticas y de cuidado, a diferencias significativas en la cobertura de la infraestructura digital. Asimismo, como señala el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2020, es imprescindible reconocer los desequilibrios que generan los cambios ambientales, cuyos costos en la región son asumidos mayormente por las poblaciones más vulnerables.
¿Cuáles son los fundamentos de la persistencia de la desigualdad en la región? Entre los factores críticos que la alimentan se encuentran la concentración de poder económico; la violencia criminal, política y social; y políticas de protección social fragmentadas y poco efectivas que conviven con mercados laborales altamente informales.
El Informe señala que para que la región rompa la trampa en la que se encuentra, es necesario abordar la complejidad de las interacciones entre estos factores. Un punto de entrada es el diseño de sistemas de protección social universales, más inclusivos y redistributivos y fiscalmente sostenibles.
Las políticas sociales son el principal instrumento del estado de redistribución para brindar un marco igualitario de protección. Las acciones de recuperación frente a la pandemia requieren diseñar e implementar programas de mediano y largo plazo innovadores para garantizar el crecimiento con equidad. Esto implica un rol activo del sector público, cuya legitimidad genere consensos tanto para el diseño e implementación de nuevas políticas como para su sostenibilidad de largo plazo.
En el caso de Argentina, ha habido una larga trayectoria de cobertura en sus programas de protección social. Sin embargo, como muestran los documentos de trabajo de la serie “Políticas sociales para la Recuperación” de la Oficina del PNUD en el país, históricamente han dependido en su mayoría de la condición de la adherencia al mercado de trabajo. Asimismo, la pandemia profundizó la segmentación en la fuerza laboral debido en gran medida a la baja compatibilidad para teletrabajar entre las y los trabajadores en situación de informalidad. Este requisito ha comenzado a cambiar con la introducción de programas de transferencias de ingreso no condicionadas, pero todavía no se ha alcanzado un esquema consolidado.
En América Latina, las fluctuaciones recurrentes de las políticas fueron acompañadas por consensos generalmente débiles y cambiantes entre la ciudadanía sobre el rol del estado y las direcciones de las políticas públicas. Si bien la pandemia impactó con especial fuerza a la región, ahondando marcadas desigualdades y brechas preexistentes, al mismo tiempo abre una oportunidad histórica para que las y los latinoamericanos debatan sobre los ejes de una nueva agenda de desarrollo. Procesos de diálogos abiertos e inclusivos son herramientas esenciales para alcanzar consensos sobre un sendero de desarrollo que articule problemáticas preexistentes y nuevos desafíos. Entre ellos, la inclusión digital y financiera, la transición hacia economías verdes, cambios en los paradigmas sobre los roles de género y transformaciones que posibiliten una mayor inserción de las y los jóvenes. De la fortaleza de estos acuerdos, y el apoyo y acompañamiento a las políticas de recuperación, dependerá en gran medida su sostenibilidad en el largo plazo.