Rodríguez Simón es sindicado como integrante de la llamada mesa judicial del macrismo. Como estaba obligado a prestar declaración indagatoria, pidió poder radicarse en el país vecino
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, consideró hoy «un disparate» el pedido del diputado macrista del Parlasur Fabián «Pepín» Rodríguez Simón para ser considerado refugiado político en Uruguay y evaluó que «sería muy raro que el Estado uruguayo le diera asilo» a alguien que «tiene todas las garantías constitucionales para declarar» en la causa en la que está acusado de extorsionar a empresarios.
Rodríguez Simón es sindicado como integrante de la llamada mesa judicial del macrismo, acusada de ser la ejecutora de maniobras ilegales en perjuicio de empresarios, entre ellos los propietarios del Grupo Indalo.
La jueza federal de la causa, María Servini, le había impuesto a Rodríguez Simón una prohibición de salida del país en marzo último, pero el abogado y miembro del PRO ya se encontraba entonces en Uruguay.
Sin embargo, estaba obligado a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de junio, algo que ya anunció que no hará por considerarse víctima de una «persecución» y alegar «temores fundados de que, si lo hiciera, sería privado indebidamente» de su libertad.
«No se entiende la decisión que toma. Es un disparate», opinó Pietragalla en diálogo con FM Futurock y argumentó: «Es una locura pensar que por una presentación indagatoria pierda las garantías constitucionales».
La principal causa por la que Rodríguez Simón se encuentra imputado es la que tiene como denunciantes a los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, quienes lo acusan de ser el promotor de supuestas extorsiones contra ellos y sus empresas perpetradas durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Esta semana, al mismo tiempo que «Pepín» anunciaba que no volvería a la Argentina, Servini recibía el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) sobre las llamadas entrantes y salientes de un grupo de exfuncionarios acusados de formar parte de la denominada «mesa judicial» de Cambiemos, que habría orquestado las presiones sobre el Grupo Indalo, de López y De Sousa.
Ese grupo de funcionarios incluye a Macri, a Rodríguez Simón, al exasesor presidencial José María Torello, al extitular de la AFIP Alberto Abad y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel (luego ministro de Energía) y el informe incluye el análisis de los llamados que intercambiaron en 42 momentos distintos, considerados «hitos» para la investigación.
«No vamos a hacer lo que hicieron ellos», expresó hoy Pietragalla en referencia al Gobierno de Cambiemos y recordó que, como militante, acompañó «a muchos exfuncionarios que fueron detenidos de la peor manera», como «parte de una campaña» mediática.
Por último, consideró que «sería muy raro que el Estado uruguayo le diera asilo a una persona que está con todas las garantías» para declarar.