Tras dos semanas de diferencias entre radicales y socialistas, el oficialismo provincial acercó posiciones y acordó modificaciones al proyecto. Se eliminaron dos disposiciones cuestionadas por el PS y se introdujeron cambios en el régimen de allanamientos
El oficialismo santafesino logró destrabar las diferencias internas y finalmente se aprobará la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Después de varias jornadas de negociaciones entre radicales y socialistas, el proyecto quedó en condiciones de recibir dictamen y ser tratado en la Cámara de Diputados.
El entendimiento llegó luego de dos semanas de fuertes cruces dentro de Unidos y de reuniones que se extendieron hasta casi la medianoche del miércoles. Los legisladores de ambos sectores acordaron modificaciones al texto original y también incorporaron correcciones solicitadas por el Poder Ejecutivo provincial y la Corte Suprema de Santa Fe.
La expectativa del oficialismo es conseguir la media sanción en Diputados y enviar inmediatamente el paquete al Senado. Desde la Cámara alta anticiparon que, si el proyecto ingresa durante la sesión de este jueves, tendrá tratamiento prioritario. De lo contrario, quedará para la próxima sesión.
Las diferencias entre radicales y socialistas
La negociación permitió superar un conflicto que había postergado el tratamiento legislativo previsto para la semana anterior. Las principales objeciones del socialismo estaban vinculadas con algunas facultades que el proyecto otorgaba a la Policía y con los posibles límites constitucionales de determinadas herramientas de investigación.
El gobernador Pullaro había intentado bajar la tensión durante la ExpoSeguridad realizada en Rosario. Allí sostuvo que las diferencias dentro de la coalición eran parte de su funcionamiento y reconoció que algunas iniciativas podían mejorarse, aunque insistió en la necesidad de aprobar las nuevas herramientas para la política de seguridad.
“Necesitamos que salgan las leyes porque la seguridad pública las necesita”, planteó el mandatario.
Finalmente, las partes avanzaron sobre la redacción de cada artículo y acordaron retirar dos disposiciones que generaban mayor resistencia. Uno de los negociadores resumió el cambio de enfoque al señalar que dejaron de lado las diferencias ideológicas para concentrarse en el texto concreto.
Qué cambios tendrá la reforma de seguridad
El paquete legislativo modifica alrededor de media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y las leyes vinculadas con inteligencia, Defensa y organización policial. El proyecto ingresó a la Legislatura en mayo y atravesó distintas rondas de consultas y debates.
Entre los principales cambios acordados se destacan:
- Declaraciones de imputados: se eliminaría la disposición que permitía, bajo determinadas circunstancias, tomar declaración a una persona imputada sin la presencia obligatoria de su abogado defensor.
- Zonas de intervención policial especial: se retiraría el régimen que habilitaba facultades ampliadas de intervención en sectores atravesados por situaciones graves de violencia.
- Allanamientos: para los supuestos excepcionales contemplados en el proyecto sin orden judicial previa, la nueva redacción establece la intervención del fiscal y un mecanismo de control judicial. El alcance de ese control dependerá de la redacción definitiva.
Además, el paquete mantiene otras herramientas que formaron parte de la discusión, como la declaración informativa —que permitiría al fiscal tomar una declaración simple a personas que aparezcan vinculadas con una investigación—, el juicio en rebeldía, medidas no privativas de la libertad de escasa afectación y modificaciones al sistema de recompensas.
Pullaro busca una señal política para su política de seguridad
La reforma es una de las principales apuestas legislativas del gobierno provincial. El Ejecutivo sostiene que las modificaciones permitirán agilizar investigaciones y fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar el delito.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió públicamente el paquete frente a los cuestionamientos sobre las garantías constitucionales y afirmó: “La gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro”.
La discusión también tuvo un componente político dentro de Unidos. Los cruces entre dirigentes radicales y socialistas, las diferencias sobre las facultades policiales y la falta de consenso habían puesto en riesgo el tratamiento legislativo. El acuerdo alcanzado permite ahora encaminar la votación y evitar que las diferencias internas sigan demorando una de las iniciativas centrales de la gestión Pullaro.