La crisis social que se vive en Chile tiene entre sus banderas reclamos por cambios económicos, políticos y sociales
Chile conmemora mañana un año del estallido social que puso en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera, con manifestaciones convocadas por sectores de la oposición y de la población civil, que se encontrarán en las calles con un fuerte operativo de policías y militares con la consigna de evitar «eventuales hechos de violencia», anunciaron las autoridades.
La oposición al Gobierno llama a manifestarse pacíficamente para evitar la represión de Carabineros, institución fuertemente repudiada por su accionar durante las protestas del último año.
«Hago un llamado a que quienes quieran manifestarse lo hagan pacíficamente, que aíslen y condenen la violencia», dijo Daniel Jadue, alcalde (intendente) comunista de la popular comuna (barrio) capitalina de Recoleta en un acto público.
Del lado oficialista, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, indicó en una entrevista a Radio Pauta que «no se permitirán (en eventuales protestas) que suceda lo que pasó el 18 de octubre (del 2019)» en donde fueron incendiadas varias estaciones de subte y fue el comienzo del estallido social.
Los militares «van a estar en condiciones de desplazarse si es necesario», alertó Desbordes.
Felipe Guevara, intendente de la Región Metropolitana, aspira a que «no haya una destrucción de la ciudad ni violencia, es antidemocrático manifestarse violentamente. El llamado es a quienes lo manifestarse, que lo hagan en paz».
En la búsqueda de promover un 18 de octubre sin violencia, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión virtual con los exmandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos, en la que destacó «la necesidad de condenar la violencia» y valoró las «legítimas manifestaciones pacíficas», según informó el Gobierno en un comunicado.
Gobierno y oposición tratan de evitar nuevos enfrentamientos cuando aún está fresco el episodio de violencia de hace un par de semanas en los que un joven de 16 años fue arrojado al vacío por un carabinero desde un puente sobre el río Mapocho.
Sobre el accionar de Carabineros desde el 18 de octubre del año pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló en un informe que esa fuerza policial tiene más de 2.000 querellas en su contra por violar los derechos fundamentales de los manifestantes.
El INDH también informó que existen 3.023 chilenos que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, según su trabajo de investigación llamado «INDH: un año de la crisis social», presentado en Santiago.
Sergio Micco, director del INDH, informó que presentaron 2.520 querellas contra organismos de seguridad por violaciones a derechos humanos, de las cuales 2.340 fueron contra Carabineros, 97 contra el Ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a «otros».
El INDH informó que sólo se han formalizado 31 causas y se han imputado a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales.
Estas protestas vividas en Santiago y en regiones, con su epicentro entre octubre y diciembre de 2019, se detuvieron por la pandemia del coronavirus, pero en las últimas semanas, con el inicio del desconfinamiento de la capital, volvieron a las calles y con ello las jornadas de violencia.
Sobre estas jornadas de manifestaciones, el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que «la violencia no puede estar presente este fin de semana y menos a una semana del plebiscito».
Pidió que las manifestaciones «siempre deben ser pacíficas y si hay que manifestarse, que sea de manera segura, es decir, sin violencia y guardando todos los resguardos sanitarios».
Estas manifestaciones dañaron estaciones de subte, semáforos, calles y espacios públicos de la capital chilena, y para ello, el Gobierno lanzó el plan «Recuperemos Chile», con inversiones en planes de mejoramiento para estos sectores vandalizados.
El ministro de Vivienda, Felipe Ward, informó en conferencia de prensa que el plan tiene tres ejes: el primero es la rehabilitación de semáforos, el segundo el mejoramiento de calles y veredas de barrios de la capital y el tercero la recuperación de espacios públicos, por un valor mayor a los 5 millones de dólares.
Chile se prepara para un fin de semana movido a nivel social, también de cara al domingo 25 de octubre, cuando los chilenos están llamados a votar si quieren cambiar o no la actual Constitución, redactada durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).