Los beneficiarios de su servicio son parte de los grupos de riesgo ante la pandemia y en ese sentido la actividad se resintió en su caudal de prestaciones
El sector de transportistas e instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad encendió las alarmas por la situación de unos 3.200 trabajadores, quienes a causa de la cuarentena por el coronavirus dispuesta por el gobierno nacional “corren riesgo de no poder seguir con la actividad”, según informaron desde la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis).
De hecho, el sector de personas que se trasladan son parte de los grupos de riesgo ante la pandemia y en ese sentido la actividad se resintió en su caudal de prestaciones. Por lo pronto, instituciones y transportistas se han encargado en este tiempo de cuarentena de la producción, selección y traslados de alimentos, medicamentos, materiales educativos, didácticos y de entretenimiento para las personas con discapacidad.
Ahora el conflicto surge en el pago de las obras sociales en las prestaciones de traslado. En este punto, el gobierno nacional por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se había comprometido al pago del 100 por ciento de las prestaciones y “nos encontramos con la cruda situación de reducción de pagos de obras sociales”, detallaron.
Concretamente, el conflicto se desató “por una picardía administrativa”, de la Superintendencia de Servicios de Salud y Pami donde informaron que solo habilitan pagos a “prestaciones efectivamente realizadas” lo que derivó “en una bofetada para los transportistas”.
“Nos hemos adaptado a una nueva tarea, a horarios extendidos, improvisando protocolos de higiene y seguridad, y nuevamente somos blanco de las discrecionalidades de los distintos responsables de las obras sociales”, puntualizaron