Por Diego Añaños
El viernes de la semana anterior el Gobierno nacional oficializó la presentación de la propuesta para la reestructuración de la deuda en poder de privados bajo legislación extranjera en la Comisión de Valores de los EEUU. En la misma se propone una reducción de la carga de intereses de 63% (unos U$S37.000 millones), y una quita de capital del 5,4% (U$S3.600 millones), más un período de gracia de 3 años, por lo cual se retomarían los pagos recién en 2023 (salvo en el caso de algunos títulos nuevos que se incluirían en la operación, que comenzarían a pagarse en 2022). La oferta incluye un canje de bonos por cupones con tasas de interés crecientes y escalonadas, cuyos vencimientos van desde el 2030 hasta el 2047. Días antes de conocerse la propuesta, los analistas descartaban que las primeras reacciones de los poseedores de bonos serían negativas, ya que, según las versiones, la oferta era inaceptable. Finalmente nada de eso ocurrió. Los precios de los bonos subieron levemente y cayó el riego país, dado que la oferta del Gobierno argentino estuvo algo más de un 20% por encima de lo que se estaba pagando hoy por los papeles. Luego de la de la presentación de la propuesta en los EEUU, la oferta de reestructuración de la deuda se oficializó mediante el decreto 392, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. En el mismo se establece que el monto máximo estipulado para el canje de deuda es de 44.500 millones para las series de bonos denominadas en dólares, y de 17.600 millones para las series denominadas en euros.
La primera respuesta oficial provino de un comunicado emitido por el Comité de Acreedores de Argentina, compuesto por fondos como Black Rock, Greylock Capital, Fidelity y T. Rowe Price Group, que concentran los principales bonos emitidos en los últimos años. Tildaron a la oferta del gobierno de “unilateral”, a la vez que sostuvieron en su comunicado que “el único modo viable de conseguir una resolución para la sostenibilidad de la deuda argentina es a través de negociaciones de buena fe”. En la medida en que el estado argentino esté dispuesto a compartir información económica sensible, que se apoye en “políticas concretas y factibles”, será posible arribar a una negociación satisfactoria para ambas partes. De este modo, anunciaron que, en primera instancia, rechazarían la oferta.
Posteriormente se expresó el Grupo de Titulares de Bonos en Canje, que agrupa a los tenedores de bonos argentinos emitidos en 2005 y 2010 durante los procesos de canje de deuda. El grupo está liderado por el fondo Monarch, e incluye también a HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP, y VR Capital Group Ltd. En total suman alrededor de 20 grupos de inversión que afirman tener papeles por U$S4.000 millones. Están asesorados por el abogado que representó a Paul Singer en la pulseada legal con los Holdouts, y que se hizo famoso por embargar la Fragata Libertad. Al igual que el Comité de Acreedores de Argentina, rechazaron la propuesta, a la que consideraron, no sólo unilateral, sino agresiva.
Los mercados no registraron negativamente la respuesta de los bonistas, y tanto los papeles argentinos, como el Riesgo País, operaban relativamente estables, luego de las buenas noticias del viernes. A partir de ahora, los tenedores de deuda tienen 20 días para analizar la propuesta argentina y realizar una contrapropuesta. En algo más de 30 días se debería llegar a una acuerdo. Si bien todos los analistas reconocen que la oferta no fue agresiva, las condiciones ofrecidas por la Argentina, hacen que, al menos en primera instancia sea virtualmente lo mismo aceptar que no aceptar. Aún así, en la comunidad financiera existe un acuerdo generalizado acerca del hecho de que, más allá del rechazo de plano por parte de los principales grupos de tenedores de bonos, los puentes de diálogo no están rotos, y se viene un mes de ásperas negociaciones. Incluso el Ministro Guzmán consideró que era esperable que los bonistas rechazaran la propuesta del gobierno argentino, dado que el rechazo se da en un contexto en que los tenedores de deuda van a intentar presionar para que se les ofrezca algo más. A renglón seguido reafirmó los términos de la propuesta, y afirmó: “ofrecer más no se puede, porque no es sostenible y eso es algo que no vamos a hacer”.
Mientras se sustancia el proceso de reestructuración de la deuda, la crisis económica se acerca velozmente. Una encuesta difundida este lunes por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sostiene que sólo un 8% de las empresas del sector están operativas y más de un 36% no estarán en condiciones de pagar los sueldos de abril. El gobierno apura las máquinas para amortiguar los efectos inmediatos, tanto en el frente interno, como en el frente externo. La caída de la actividad económica (un 9,5% interanual según la consultora de Orlando Ferreres) está comenzando a afectar a todos los sectores. Algo que parece del más puro sentido común se pone en evidencia por éstos días: sin trabajadores no sólo no hay producción, sino que tampoco hay demanda, por lo que más de uno debería estar reflexionando acerca de dónde está el actor más relevante de la economía de un país.
Para cerrar, me remito a un ejemplo. Según un informe reciente de la consultora FIEL la actividad industrial descendió un 6,4% en marzo. Los datos, que surgen de la comparación interanual (marzo 2019/marzo 2020), muestran una caída desestacionalizada del 0,9% con respecto al mes de febrero. Las caídas más marcadas se observaron en la producción de minerales no metálicos, la siderurgia y la producción automotriz. El primer trimestre de 2020 muestra un retroceso del 0,5% con respecto al mismo trimestre, y de 1,1% en términos desestacionalizados, en relación al cuarto trimestre del año anterior. De acuerdo con las proyecciones de la consultora, en abril se notará plenamente el impacto negativo de la cuarentena, (y leo textual) “dado el freno completo en plantas de diversos sectores, la aplicación de guardias mínimas y la reducción de la actividad a la producción de insumos esenciales y ramas exceptuadas”.