La organización ambiental Greenpeace denunció que el gobierno de Salta está elaborando, con la colaboración de las asociaciones de grandes productores agropecuarios, una legalización de los desmontes que infringen la Ley de Bosques.
“Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador (Juan Manuel) Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”, afirmó hoy Hernán Giardini, que es coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Las declaraciones del activista fueron publicadas hoy, en la página oficial de Greenpeace, donde se hizo referencia a la firma de un acta, el lunes último, entre el gobierno salteño y organizaciones de productores como la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Federación de Entidades Rurales Salteñas.
El acta, que fue firmada frente a Urtubey y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, indica que, junto al gobierno salteño y dependencias de los ministerios nacionales de Agroindustria y de Ambiente, estas asociaciones deberán evaluar y verificar, en un plazo de 30 días, la ejecución de los 32 permisos de desmontes otorgados por la provincia y luego suspendidos por pedido de la Nación, por lo que se encuentran paralizados.
En su página oficial, Greenpeace recordó que la resolución 56/2018, del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de recategorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista denunció haber detectado, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que, tras dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy -550 hectáreas deforestadas-, Los Pozos -540 hectáreas- y La Peregrina -200 hectáreas-.
Sus dueños son Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín, respectivamente.
“El gobernador de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se otorgaron violando la Ley de Bosques. Las fincas desmontadas deben reforestarse”, señaló Giardini.
Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos y que luego fueron suspendidos se encuentra La Moraleja SA, que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company, según explica la publicación de la organización ambientalista.
Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.