Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca obligar que se denuncien los delitos contra las personas, la integridad sexual o la libertad cuando las víctimas sean niños, adolescentes o personas con discapacidad, tipificando penas para quiénes teniendo la obligación de denunciar no lo hicieran.
El objetivo de la iniciativa, presentada por la diputada Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), es que las personas que se desempeñan en el ámbito de la salud y la educación, y que tratan día a día en el ejercicio de sus funciones o profesión con niños, adolescentes o personas con discapacidad, actúen como agentes de prevención y detección de delitos.
“De esta manera se protegen los derechos de estas personas que son más vulnerables frente al delito y se evita que vuelva a ser víctima, generando cambios necesarios ante la alarmante realidad, modificando los parámetros legales y sociales que ayuden a comprometernos a todos como sociedad a luchar contra este flagelo que nos duele y mucho”, afirmó Burgos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que cuando se tome conocimiento de algún hecho delictivo, están obligados a denunciar, tipificando como delito la omisión de denuncia cuando no lo hicieren, con penas de un mes a un año de prisión, con el fin de garantizar el acceso a la Justicia y la protección de sus derechos, impidiendo la impunidad de los victimarios.