Por Diego Añaños
El presidente anunció este lunes la intervención de la empresa Vicentin por 60 días, y el envío de un proyecto de expropiación de la misma al Congreso Nacional. Alberto Fernández aseguró que los puestos de trabajo de los empleados de la firma están garantizados, tratando de llevar tranquilidad a las familias. El proyecto, autoría de la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa Vicentín SAIC”. El primer artículo establece que “actuará como expropiante el organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo nacional”. También, el articulado consigna que la suma que deba abonarse por la expropiación será pagada en parte con la deuda que la agroexportadora registra con el Banco Nación y con la Afip. Vale decir que ambas decisiones, la intervención y el envío de un proyecto para la expropiación, se están desarrollando dentro del más profundo respeto por las leyes y las instituciones de la República.
El Banco Nación es un actor protagónico en el tablero del juego, ya que le prestó muy recientemente una suma importantísima de dinero a Vicentin durante la gestión de Mauricio Macri. Seguramente la situación amerita una investigación paralela por parte de la intervención, ya que a pesar de que la cerealera no cumplió últimamente con ninguna de las condiciones requeridas, el banco, comandado por Javier González Fraga, mantuvo la histórica línea de crédito a la que la empresa tenía acceso. Incluso fue más allá, puesto que, como consigna el Página 12 del martes, cuando Vicentin ya se encontraba en cesación de pagos, le otorgó un préstamo de $5.785 millones. Todos los indicios hacen suponer que existe co-responsabilidad del Banco Nación en la crisis, ya que en circunstancias normales el financiamiento hubiera sido restringido al menos preventivamente.
También se deberá establecer qué fue lo que sucedió con las cuentas de una empresa que se mostraba sólida y solvente, ya que es un actor de los más relevantes del sector. Tanto el caso Vicentin, como el antecedente de BLD, en mucho menor escala, ponen la lupa sobre un sector que ha abierto su abanico de negocios, orientándose cada vez más a hacia la valorización financiera del capital mediante la colocación en derivados cada vez más riesgosos. Muchos sospechamos que no son las únicas empresas del sector con un alto grado de exposición financiera, lo cual seguramente preocupa mucho al gobierno nacional.
La decisión del gobierno argentino se apoya sobre varios fundamentos. Por una lado el peligro de una definitiva cristalización de la extranjerización de nuestra producción estratégica de alimentos. Las versiones consignaban que los especuladores ya sobrevolaban los despojos de una empresa en crisis para intentar comprarla a precio de remate. Recordemos que Vicentin es el útimo global player de capitales argentinos que tiene el mercado. Por el otro el sostenimiento de las fuentes de trabajo y el sostenimiento de los miles de pequeños acreedores amenazados por la quiebra de la empresa. También debemos considerar la importancia del posicionamiento del Estado en un sector estratégico para la Argentina, posicionamiento que le permitiría eventualmente generar información fundamental e incrementar la capacidad de regulación del Estado Nacional. Finalmente, un país presa de la restricción externa, encuentra una activo fundamental en la posibilidad de controlar una empresa generadora neta de divisas para hacer frente a situaciones de stress cambiario, ya que el stress está tan de moda
Existe una seria confusión en el hecho de pensar que estos sectores reniegan del Estado. De hecho lo necesitan, y recurren a él cada vez que las circunstancias lo demandan. Cuando hablamos de “circunstancias” pensamos en sucesos económicos inesperados, cambios en la economía global, incapacidad o errores en la gestión del negocio. También esas circunstancias pueden responder a manejos comerciales que caminan por el filo del riesgo, entre dos abismos (el éxito o la quiebra), o maniobras que directamente rozan lo delictual. En todo caso, el Estado suele transformarse en el garante último de la supervivencia del sistema capitalista. En todas y cada una de las crisis económicas fue, es y será así. Si recuerdan, justamente hace un par de semanas atrás comentábamos que el estado alemán había salido a rescatar a Lufthansa. Obviamente el rescate no fue gratuito, ya que el estado alemán se transformó en el principal accionista de la compañía, a la vez que se aseguró dos asientos en el consejo de supervisión.
Los medios masivos de comunicación hicieron un esfuerzo denodado por convencer a los argentinos de que habían amanecido en Argentina, y se iban a dormir en Venezuela. Se pretende agitar el fantasma del autoritarismo, pero claro, tan pronto como el presidente anuncia que enviará un proyecto de ley al Congreso el argumento se cae. Y cuando no hay argumentos, se apela al miedo. Bien, a aquellos que hoy tienen miedo, deberíamos ayudarlos a recordar qué sucedió cuando el macrismo “le sacó la pata de encima al campo”, como decían. Que recuerden que se creó una poderosa industria, pero no de creación de bienes y servicios, sino de recesión, de inflación, de desempleo y de pobreza. En definitiva, los sectores más importantes de la economía, no le tienen miedo al Estado, le tienen miedo al control y la regulación de sus negocios.