La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que otorga protección jurídica a los laboratorios que suministren la dosis contra el coronavirus
La Cámara de Diputados de la Nación dio este jueves media sanción a un proyecto de ley que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para avanzar en la compra de la vacuna contra el Covid-19 por medio de contratos que, a pedido de los laboratorios productores, los protejan jurídicamente ante eventuales juicios o demandas por los efectos. La diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, votó en contra del proyecto y expresó: «Acá se vota que laboratorios internacionales, que hacen un negocio fenomenal incluso previo a tener la vacuna, cuenten con reaseguros para que, si algo falla no tener que pagar indemnizaciones, a pesar de no controlar todos los riesgos de las etapas intermedias».
Esta nueva norma establece que las multinacionales farmacéuticas gozarán de cláusulas de prórroga de jurisdicción de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, de indemnidad patrimonial y de confidencialidad.
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Ante esto, y según se publica en el portal Prensa Obrera, el Partido Obrero indicó: “Lo primero es una renuncia a la inmunidad soberana, ya que fija los juicios que pudieran entablarse contra los laboratorios por perjuicios con las vacunas se diriman en los tribunales del país donde está radicada la empresa. Es decir que gozarán de los mismos beneficios de los bonistas, cuyos títulos de deuda externa están bajo legislación Nueva York, u otras plazas del capital financiero internacional”.
La ley con media sanción en la Cámara de Diputados habilita a incluir en los contratos de compra que se firmen con los laboratorios condiciones de indemnidad patrimonial, respecto de indemnizaciones y otros reclamos, en beneficio de toda la cadena de investigación, fabricación y comercialización de las vacunas. Las indemnizaciones, entonces, serán asumidas en mayor medida por el Estado.
El proyecto, cuya sanción es reclamada con urgencia por el Ministerio de Salud, también señala que los contratos contarán con cláusulas de confidencialidad acerca de las fórmulas de las vacunas, para proteger las patentes de los pulpos farmacéuticos. La población, por ende, no tendrá acceso a conocer qué es lo que se le está aplicando. A su vez, las vacunas estarán exentas tanto del IVA como de impuestos aduaneros.
El proyecto que se aprobó con 230 votos positivos, 8 negativos y 11 abstenciones fue impulsado por el oficialismo y contó el apoyo de todos los bloques, salvo el de izquierda.
Al fundamentar su voto en contra, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá fue contundente: «Por supuesto que necesitamos de manera urgente una vacuna contra el coronavirus, así como necesitamos de forma urgente centralizar el sistema de salud, la realización de testeos, la provisión de equipos protección personal, volcar todos los recursos para combatir la pandemia. Es lo que venimos reclamando desde el inicio, y son medidas que no se han llevado adelante porque se han priorizado los negocios privados de la salud», aseveró.
Del Plá destacó que los intereses de los beneficiarios de esta ley son lo que «condiciona la posibilidad de enfrentar la pandemia. Hoy tenemos un récord de contagios y de fallecidos; y estamos lejos de que la curva baje». Completó a su vez manifestando que mientras tanto «coexistimos con la idea de que hay que hacer todo normal, como por ejemplo ir a las escuelas. ¡Una barbaridad!»
La diputada del Frente de Izquierda también manifestó: «No es una ley nacional producción vacunas, ni de promoción e inversión en investigación científica en la materia. Acá se vota que laboratorios internacionales, que hacen un negocio fenomenal incluso previo a tener la vacuna, cuenten con reaseguros para que, si algo falla no tener que pagar indemnizaciones, a pesar de no controlar todos los riesgos de las etapas intermedias».
«Se corrobora que el capitalismo solamente defiende los criterios de propiedad privada cuando se trata de sus ganancias. Cuando se trata de pérdida, se enchufa a los Estados y a los pueblos», sostuvo Del Plá.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el oficialista Pablo Yedlin, quien al presentar la norma sostuvo que «sabemos que esto no es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone y la responsabilidad del Ministerio de Salud es llevar adelante estas contrataciones para comprar vacunas en un mercado escaso. Pero, más allá de la emergencia, que quede claro que la Argentina sólo va a aplicar las vacunas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud y evaluadas y registradas por el Anmat».
Ante esto, Del Plá preguntó: «Si los laboratorios van a hacer un negocio fenomenal, ¿por qué tenemos que aceptar sus condicionamientos? ¿Por qué no ponemos todos los recursos de nuestra ciencia para desenvolver la vacuna?». Con esta ley, contrastó, «las fórmulas de las vacunas serán secretas, ¡como la de la Coca Cola!»
«Lo que sí se tendría que hacer es poner los recursos al servicio de la industria nacional y estatal, para producir la vacuna contra el coronavirus y contra todas la enfermedades que caen sobre nuestra población cada vez más hambreadas y desnutrida, sometida a enfermedades que deberían estar erradicadas, y que no se hace porque se prioriza el pago de la deuda al FMI», concluyó Romina Del Plá.