Uruguay lleva poco más de un año vendiendo marihuana legal en farmacias, y el proyecto inicialmente rechazado por la población tiene ahora más partidarios que detractores, mientras los especialistas valoran su impacto potencial en el combate al tráfico ilegal.
El 19 de julio de 2017, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en vender marihuana con fines recreativos al público. La droga es producida por privados bajo control del Estado, y se comercializa en el marco de una ley pionera que reguló el consumo, venta y distribución del cannabis.
Aprobada en 2013, la norma habilita tres formas de acceso a marihuana con fines recreativos: la producción en el hogar o autocultivo, con hasta seis plantas por persona; la producción cooperativa en clubes cannábicos; y la compra en farmacias, última pata del proyecto y la de más difícil y tardía implementación.
A partir del 17 de octubre, Canadá será el segundo país del mundo en legalizar el consumo de la droga con fines recreativos.
Aumento del consumo
Las cifras de Monitor Cannabis, un grupo académico que estudia la puesta en práctica del proyecto, muestran que «tres años después de iniciada la regulación, la evolución de la prevalencia (consumo) de cannabis presenta un incremento que no es extraordinario con respecto a la tendencia», que ya era de aumento desde inicios de siglo.
En otras palabras, el consumo venía aumentando en Uruguay y continuó su trayectoria una vez implementada la ley, sin grandes saltos. La mayor diferencia es que desde que existe la nueva legislación, se cuenta con estadísticas provenientes de un mercado formal para sacar conclusiones.
Los últimos datos del oficial Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), muestran que 54% de quienes consumen marihuana regularmente acuden a alguna de las alternativas del mercado legal cuando quieren fumar esta droga, que antes solo podían conseguir ilegalmente.
Las cuatro variedades disponibles se comercializan en bolsitas selladas de 5 gramos, a un valor de 1,40 dólares el gramo. Cada consumidor registrado para comprar en farmacias tiene derecho a adquirir 40 gramos mensuales. Solo los ciudadanos uruguayos o los residentes en este país de 3,5 millones de habitantes pueden registrarse para comprar.
Los límites de un proyecto
La implementación de esta inédita iniciativa ha tenido varios sobresaltos, desde problemas con cosechas, hasta limitaciones impuestas por el sistema bancario a las empresas que trabajan con cannabis para abrir cuentas, producto de su deber de cumplir con la legislación estadounidense.
Uruguay cuenta con casi 7.000 cultivadores registrados, 107 clubes de cooperativas de producción de cannabis, y 28.500 compradores censados, una cifra que se multiplicó casi por seis con relación al primer día de venta, según datos oficiales.
Si bien el país es pequeño, los problemas bancarios así como cierto temor a delitos asociados a la presencia de la droga en los comercios, y también el rechazo al proyecto de algunos farmacéuticos, determinó que la cifra de farmacias que venden sea de apenas 17.
Entre julio de 2017 y julio de 2018 la venta de 1.200 kg de marihuana supuso que el 100% de lo producido llegó a manos del público, que es avisado por los farmacéuticos de cada nueva entrega de la droga y hace fila frente a los locales para comprarla. Pero el volumen de producción no satisface la demanda.
«Es prioritario ampliar la cobertura del sistema. Si las personas registradas en las tres vías de acceso pudiesen hoy recibir los 40 gramos mensuales, según cálculos de Monitor Cannabis, se estaría arrebatando al mercado ilegal el 50% del total de la demanda anual de cannabis, lo que equivale a 22,5 millones de dólares», concluye el sociólogo Sebastián Aguiar en su publicación «Un año de avances y oportunidades».
La afirmación es importante puesto que cuando fue presentada por el entonces presidente José Mujica (2010-2015), la estrategia se planteó como una forma de combatir el tráfico ilegal de drogas.
El actual gobierno de Tabaré Vázquez lanzó el 1º de octubre pasado una campaña llamada «Regular es ser responsable», que apunta, en el marco de la ley de regulación, a educar sobre «los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de cannabis».