La Constitución, ley más importante de un Estado, establece la organización de los poderes públicos, regula la convivencia social reconociendo los derechos y garantías de los ciudadanos y expresa los valores y la voluntad de los pueblos interviniendo en todos los aspectos de su vida.
Las demandas sociales del pueblo santafesino ya pertenecen a otro momento histórico. La readecuación de la Constitución, que resulta a estas alturas ineludible, debe contemplar como base el presente y el futuro de la ciudadanía.
Es por ello que el proyecto, centrado en una Constitución moderna, pone foco en lograr consenso con las fuerzas políticas y en propiciar el debate público e institucional a los fines de dar paso a las cuestiones técnicas y lograr la anhelada reforma.
Nuestra Constitución Provincial supo estar a la vanguardia siendo una de las más modernas de la región, pero ya han pasado más de 55 años desde la última reforma y en las décadas recientes se acentuó su falta de actualización, en especial teniendo en cuenta los cambios dados a nivel global. Pese a la reforma de la Carta Marga nacional en 1994, Mendoza y Santa Fe fueron las únicas provincias que no actualizaron sus Constituciones Provinciales.
Todas las constituciones y sus reformas necesitan definirse en medio de grandes acuerdos, por un lado con la dirigencia política, en particular los partidos con representación parlamentaria y, por otro, con la sociedad civil, ya que su aporte es fundamental para legitimar el proceso. La historia nos ha enseñado a los argentinos que las reformas constitucionales deben lograrse sobre la base de coincidencias y lejos de mezquindades e imposiciones.
Para lograr este consenso político y social, los santafesinos debemos disponer de espacios de diálogo y garantizar la participación de la mayor cantidad posible de actores. Los temas que nos unen superan ampliamente a aquellos que nos dividen.
La reforma que se persigue debería procurar la mejora en la calidad de las instituciones de la provincia y colocar a nuestra Constitución a la altura de la actual Carta Magna Nacional.
Los cambios a implementar no son una cuestión menor, lo que hace indeclinable la toma de conciencia de todos y cada uno de nosotros para comprometernos, participar y ser protagonistas.
Estos son algunos de los puntos a tener en cuenta en la futura Reforma:
Es necesaria la incorporación de una Cláusula de Defensa de la Vigencia del Orden Democrático y Constitucional; y también una general de reconocimiento de los derechos humanos y garantías tal lo prevé la Constitución Nacional.
Propiciar la derogación del artículo 3, consagrando de esta manera un Estado Laico manteniéndose la garantía de la libertad de culto.
Es importante avanzar en el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas y a ser diferentes sin ningún tipo de discriminaciones; del derecho de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho; de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres; de los nuevos actores sociales, de las minorías y de los excluidos. Es necesario remover de las legislaciones todas las trabas para una eficaz y decidida protección de los derechos de la mujer, y protección constitucional para las personas con discapacidad.
Tenemos que plasmar en este nuevo acuerdo el derecho a la protección, preservación y recomposición del medio ambiente y los recursos naturales, y la protección de los derechos a las cuencas. En tal sentido, el derecho al agua tendrá que ser reconocido como un derecho humano fundamental que ni el mercado ni el Estado puedan suprimir o lesionar.
Los servicios públicos deberán “considerarse esenciales” y en su prestación deberá participar el estado en forma mayoritaria y/o generar mecanismos de contralor.
Los derechos de los consumidores y usuarios en su relación tanto con las empresas privadas como con las empresas del estado deben estar regulados conforme al artículo 43° de la Constitución Nacional.
Contemplar el reconocimiento de las garantías constitucionales: Amparo, Amparo Colectivo y Habeas Corpus.
Reconocer a través de la Constitución Provincial el derecho de Habeas Data; así como también el derecho de acceso a la Información Púbica – el estado es quien garantiza el libre acceso a toda información, como derecho de todo ciudadano, otorgando rango constitucional al principio de publicidad de los actos del gobierno.
Declarar el principio de ética pública, obligación de todos los funcionarios del Estado Provincial de realizar la Declaración Jurada de bienes, previo ingreso a la función pública.
Prever en la nueva Constitución de Santa Fe un capítulo especial para la regulación del Régimen Electoral.
Introducir modificaciones a los efectos de garantizar que el sistema electoral traduzca del mejor modo posible la voluntad del pueblo. Establecer elecciones de medio tiempo para los legisladores, con el sistema electoral de proporcionalidad. Profundizar el nuevo sistema electoral de Boleta Única instaurado en la provincia. Incluir el principio de la elección de los miembros de los órganos de control del sector público interno y externo.
Reconocer la ampliación de derechos acorde a la Nación – adoptar el ejercicio de sufragio para los jóvenes de 16 años para cargos nacionales, ajustándolo a la elección de Gobernador o Intendente que nuestra Constitución sólo permite a partir de los 18 años.
Proponer para el Poder Legislativo la representatividad de los mandatos, el principio de Proporcionalidad y la limitación a la reelección de los legisladores.
El Poder Ejecutivo debería incluir la creación de la figura de Jefe de Gabinete, responsable de la administración pública, y también la reelección del Gobernador, por única vez en forma consecutiva.
Desde la reforma constitucional de 1994 nuestra constitución ha quedado en deuda con el necesario otorgamiento de rango constitucional al Ministerio Público, donde funcione tanto el Servicio Público de la Defensa Penal y el Ministerio Público de la Acusación Penal, el cual debe ser integrado como un órgano extrapoder autónomo para asegurar su independencia.
También se torna importante constitucionalizar al Defensor del Pueblo de la Provincia, Ombudsman de la Tercera Edad y Defensor de los Consumidores; como así también la creación de la Auditoría General y la Sindicatura General de la Provincia.
La Autonomía Municipal merece una mención especial.
La reforma a la Constitución Santafesina deberá contemplar el mandato del constituyente nacional que le impone la obligación de asegurar la autonomía municipal y de reglar su alcance y contenido en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero.
Es necesario iniciar el camino de la reforma, dejando de lado los problemas coyunturales. Definir juntos un esquema de trabajo y luego darnos la oportunidad de debatir sobre la constitución que queremos para el siglo XXI.
Más libertad, más democracia y más igualdad deben ser los objetivos principales que marquen nuestro norte, para construir colectivamente la Constitución de la Provincia que los santafesinos necesitamos.