La ONG Foro Penal aseguró hoy que la cifra de los llamados «presos políticos» de Venezuela ascendió a 989 tras nuevas detenciones, ocurridas en los últimos días entre la población más humilde y en medio de la crisis de gobernabilidad que sacude al país desde el pasado enero.
El director de la ONG, Gonzalo Himiob, le dijo a la agencia de noticias EFE que esta «es la cifra más alta» de presos de conciencia que se haya registrado en Venezuela, donde «nunca» se había llegado «a los extremos que tenemos ahora».
La mayor parte de estos detenidos son civiles, con 904, de los cuales 11 son adolescentes y ocho son miembros de los pueblos indígenas.
Integrantes del mundo militar, de varios rangos, completan el total con 85 encarcelados.
A este respecto, Himiob denunció que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro «está prácticamente secuestrando a los familiares de militares» solicitados o evadidos para presionarlos y forzarlos a la rendición.
«Se les mantiene retenidos durante días sin ninguna fórmula procesal, sin siquiera notificarlo a la Fiscalía y se les tortura y se les maltrata para que aparezcan esas personas que el poder está buscando», señaló.
Durante la última semana, el Gobierno apresó a 56 personas, mientras que otras 33 fueron excarceladas.
Con estos datos, el Foro Penal, que defiende a la mayoría de los denominados «presos políticos», actualizó la cifra, que remitió a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para su certificación.
Además, desde 2014, unos 7.820 venezolanos han sido sometidos a procesos penales por razones políticas y algunos tienen «medidas de libertad restringida».
Los recientes encarcelamientos, aseveró Himiob, están relacionados con las manifestaciones antigubernamentales que ocurrieron entre el 20 y el 24 de enero, antes y después de que el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, anunciara su designación como presidente encargado y fuera reconocido como tal por decenas de países.
Cientos de venezolanos han manifestado en el marco del llamamiento de la oposición a no reconocer la legitimidad de Maduro, a quien consideran un «usurpador» tras haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos países.