Se trata del magistrado Claudio Brun de Bahía Blanca. Familiares de víctimas pedirán el juicio político
Un juez de Ejecución Penal del departamento Judicial de Bahía Blanca ordenó que un hombre que había sido condenado por un abuso sexual y que contaba con el beneficio del arresto domiciliario regrese al penal en el que estaba alojado, informaron este lunes fuentes judiciales.
Se trata del juez Claudio Brun, quien resolvió este fin de semana que Néstor Ibars, que había sido condenado en el 2015 a siete años de prisión por una abuso en perjuicio de una menor con retraso madurativo, regresara a una unidad penal para continuar alojado.
«El magistrado había otorgado a Ibars el beneficio de arresto domiciliario a principios de abril por su estado de salud, por considerar que era paciente de riesgo, y porque ya había cumplido la mitad de la condena», señalaron las fuentes.
Según se indicó «Ibars se encontraba cumpliendo el beneficio en una vivienda de Punta Alta, a 30 kilómetros de Bahía Blanca».
«A raíz que vecinos repudiaron la presencia del hombre en el lugar en los últimos días, el juez decidió que el hombre regrese a la unidad penal de Villa Floresta en Bahía Blanca», agregaron.
El beneficio de arresto domiciliario de Ibars había generado el repudio por parte de los familiares de la víctima y de diversos sectores, motivo por el cual se pidió un juicio político contra el magistrado bahiense.
Por su parte, el diputado provincial por el Frente de Todos Pablo Garate, consideró este lunes que «hay que seguir el proceso de hacer la denuncia para el jury de enjuiciamiento porque tenemos que defender a todas las víctimas que no se pueden defender».
«Parece que muchos jueces están con la idea de dar liberaciones o arrestos domiciliarios y no contemplar a las víctimas», agregó.
Pedido formal
Un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados de la Nación.
Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.
El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, y se convirtió así en la primera denuncia formal realizada por el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y depende del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.