El relevamiento contabiliza 93 muertes violentas de mujeres hasta este lunes, entre ellas 15 en la provincia de Santa Fe, la segunda con más casos en todo el país
En lo que va del año, Argentina registra un femicidio cada 31 horas, según reveló el informe más reciente de la organización MuMaLá. El relevamiento contabiliza 93 muertes violentas de mujeres hasta este lunes, entre ellas 15 en la provincia de Santa Fe, la segunda con más casos en todo el país.
El reporte detalla que de las 93 víctimas, 79 fueron femicidios directos, mientras que los demás casos incluyeron femicidios vinculados —cuando el agresor mata a un niño, niña u otro familiar para dañar a la mujer— y homicidios cometidos en contextos de crimen organizado. También se contabilizaron dos suicidios inducidos en el marco de situaciones de violencia de género.
Gabriela Sosa, referente nacional de MuMaLá, explicó que la situación en Santa Fe es especialmente preocupante: “Hay un retroceso evidente del Estado en la protección y acompañamiento de las víctimas”. La provincia contabiliza cinco femicidios íntimos, dos vinculados y tres homicidios ligados a economías delictivas. En todo 2024 se habían registrado 34 muertes violentas de mujeres en el territorio santafesino, y 75 en 2022.
El informe subraya que el 71% de los femicidios ocurrió en el hogar de la víctima o en viviendas compartidas con el agresor, y que solo el 12% de las víctimas había denunciado previamente. De ellas, algunas contaban con botón antipánico u órdenes de restricción que no fueron efectivas.
Los agresores, en su mayoría, fueron parejas o ex parejas (51%) y familiares (16%). El 93% no tenía antecedentes penales, y un 11% pertenecía a fuerzas de seguridad. En cuanto a los métodos, el 30% de los crímenes se cometió con armas blancas, el 23% con armas de fuego, el 18% a golpes, y el 17% por asfixia.
Sosa denunció también el vaciamiento de políticas públicas en todos los niveles del Estado: “El gobierno nacional desmanteló programas clave como el de asistencia económica para mujeres víctimas o la aplicación de la Ley Brisa. La línea 144 ya no es exclusiva para violencia de género y opera con personal reducido y precarizado”.
A nivel provincial y municipal, MuMaLá reclama más recursos, especialización y acompañamiento: “La falta de herramientas desalienta a las víctimas a denunciar. Esto va más allá de las estadísticas: se trata de vidas que podrían haberse salvado si el Estado hubiera estado presente”.