Seis años después de las masivas protestas ciudadanas contra el «autoritarismo» del entonces primer ministro y hoy presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 16 activistas comenzaron a ser juzgados este lunes por intentar «derrocar al gobierno», un delito por el que podrían ser condenados a cadena perpetua.
En la primera sesión del juicio en Estambul, varios de los acusados tuvieron la ocasión de defenderse frente a las acusaciones de la Fiscalía respecto de las protestas contra la urbanización del Parque Gezi, una de las pocas zonas verdes del centro de la ciudad más grande y poblada de Turquía.
El principal acusado es Osman Kavala, hijo de una adinerada familia empresarial que lleva años ejerciendo de filántropo, financiando actividades artísticas, culturales y sociales, con un especial enfoque en los derechos humanos.
Kavala fue detenido en octubre de 2017 y desde entonces está en prisión preventiva, mientras que otro acusado, el activista Yigit Aksakoglu, lleva entre rejas nueve meses.
«Estoy encarcelado desde hace 20 meses por una ficción fantástica. Dicen que organicé los incidentes de Gezi», dijo Kavala en su intervención ante el tribunal. «La acusación atenta contra mi dignidad: nunca en mi vida he simpatizado con un cambio de gobierno que no fuese por elecciones democráticas», agregó, citado por la agencia de noticias EFE.
La dura represión policial de 2013 de las protestas contra la urbanización del Parque Gezi encendieron la mecha de una oleada de marchas y concentraciones en todo el país.
Las protestas, que comenzaron a fines de mayo de 2013 y se extendieron hasta mediados de agosto, dejaron 22 muertos, más de 8.000 heridos y más de 100 detenidos, según activistas. El activismo medioambiental pronto se transformó en una denuncia de lo que grandes sectores de la sociedad turca veían como un creciente autoritarismo de Erdogan y su imposición de normas acorde con el programa islamista de su partido.
Entre los demás acusados, ocho están en libertad provisional y otros seis están en busca y captura, incluyendo periodista exiliado en Alemania y un actor. La acusación, en nombre de Erdogan y su gabinete de entonces, considera que hubo un «intento de derrocamiento del gobierno».
La defensa argumenta que en las 650 páginas del pliego de acusación no hay ni una sola prueba sólida de que los sospechosos fuesen responsables de planificar las protestas de Gezi, y mucho menos que cometieran algún acto ilícito.
Los abogados difundieron un documento en el que enumeran algunos de los «delitos» que se achacan a los acusados, como «quedarse durante horas de pie en la plaza».
La ONG Human Rights Watch dijo que estas acusaciones «no pueden ser una base razonable» para un procedimiento criminal, y Amnistía Internacional las calificó de «absurdas».