En un pulso entre el Gobierno y la Asamblea, Nayib Bukele exigió a los diputados que den luz verde a la financiación de USD 109 millones para su plan antipandillas
En un pulso entre el Gobierno y la Asamblea, Nayib Bukele exigió a los diputados que den luz verde a la financiación de USD 109 millones para su plan antipandillas
El Salvador permanecía en vilo hoy, en un clima de tensión creciente y con roces entre diputados y la Policía Nacional Civil (PNC) luego de que el presidente Nayib Bukele llamara a una virtual insurrección civil, lo que provocó el rechazo de la oposición y la alarma de la ONU y la OEA.
Bukele era esperado en la sede de la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) después de que convocara para esta tarde a una concentración ciudadana con el objeto de presionar al Legislativo para que aprobara la toma de un crédito externo para financiar un programa de seguridad.
Dos horas después de la hora señalada por el mandatario -las 15 (las 18 en la Argentina)-, la sede de la Asamblea lucía fuertemente custodiada por militares y agentes de la PNC, tanto en su interior como en los alrededores, donde incluso se advertía la presencia de francotiradores pero no una afluencia masiva de ciudadanos, según los diarios salvadoreños El Mundo y La Prensa Gráfica.
Las dos principales fuerzas opositoras -el centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena)- denunciaron que autoridades de la PNC y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) presionaron a varios de sus legisladores para que asistieran a la Asamblea.
Arena divulgó en su cuenta en Twitter un chat de Whatsapp en el que un supuesto miembro de la PNC revela que se le ordenó «ir a la casa de cada diputado y trasladarlo a la Asamblea», y que el OIE estaba siguiendo a los legisladores desde ayer.
La bancada del FMLN, que también denunció «acciones de intimidación y acoso de sujetos y cuerpos de seguridad en las casas» de diputados, advirtió que sus legisladores no asistirían a la sesión de esta tarde porque el viernes pasado «la Asamblea Legislativa, como órgano legítimo del Estado, decidió luego de una interpretación que la convocatoria era improcedente».
Bukele justificó su convocatoria a la ciudadanía en el artículo 87 de la Constitución, que «reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones de los derechos humanos consagrados» por la propia carta magna.
El mandatario adoptó ayer esas medidas luego de que el jueves pasado las bancadas parlamentarias opositoras no facilitaran quórum para aprobar un crédito Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares, destinado a financiar el refuerzo y el equipamiento de las fuerzas de seguridad para su lucha contra el crimen organizado.
En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, informó que la Policía Nacional Civil quedó acuartelada a la espera de instrucciones «ante la negativa de los diputados a asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros».
Por su lado, el ministro de Defensa, almirante René Merino, dijo en conferencia de prensa que los militares estaban «esperando las órdenes» y subrayó: «Honraremos el juramento de obedecer al presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aun a costa de nuestras vidas».
«Desde ayer en la noche estamos en ese tema; estamos analizando las posibles acciones» a adoptar, dijo esta mañana uno de los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -que pidió que no se lo identificara- al periódico salvadoreño El Diario de Hoy.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) hizo «un llamado al diálogo y al pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el estado de derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público», en un comunicado divulgado en Twitter por su sede para América Central.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo a través de la misma red social que había trasladado por teléfono su preocupación a la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.
Semanas atrás, las bancadas opositoras que controlan la Asamblea decidieron retirar de la agenda el dictamen para aprobar el crédito que el gobierno de Bukele había pedido como prioridad.
El FMLN y Arena, los dos partidos que gobernaron El Salvador entre 1989 y 2019, no apoyan el préstamo porque aducen que no tienen garantías del gobierno sobre cómo se ejecutará y fiscalizará.
El viernes, el jefe del Estado ordenó retirar la seguridad de los diputados que presta la Policía y ayer militarizó la instalaciones de la Asamblea.
Asimismo, anoche volvió a fracasar otro intento de que sesionara el parlamento, cuando solo 28 de los 84 diputados asistieron a la convocatoria realizada por su presidente, Mario Ponce, que entonces realizó un nuevo llamado para mañana a mediodía.
Bukele advirtió por Twitter que el llamado a la sesión extraordinaria «se mantiene vigente y la asistencia de los diputados es ineludible», por lo que aquellos que no concurran «responderán por sus propias acciones» porque «la Constitución también es clara en este punto».