Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita son los países que más ejecuciones produjeron, entre los 18 que aún mantienen ese castigo
Las restricciones obligadas en todo el mundo por la pandemia de coronavirus generaron “preocupantes repercusiones en el acceso a la asistencia legal y en el derecho a un juicio justo” en muchos países, que mantuvieron las ejecuciones de personas durante el 2020, aunque se registró una tendencia hacia la baja del uso de la pena capital.
Así lo señala el informe 2020 de la organización Amnistía Internacional, que detalla que Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita son los países que más ejecuciones produjeron, entre los 18 que aún mantienen ese castigo.
El documento deja en claro que no se tienen estadísticas de China, aunque se estima que sus penas de muerte son miles. Se sabe, sí, que ejecutó al menos a un hombre como castigo por delitos relacionados a las medidas de prevención de la Covid-19.
Estados Unidos, en tanto, fue el único país de América donde hubo ejecuciones en 2020, aplicada a 17 personas y reanudada a nivel federal después de un paréntesis de 17 años, con la alarmante cifra de 10 en menos de seis meses.
“La crueldad de ciertos Estados queda expuesta en el marco de un enorme esfuerzo colectivo por proteger la vida de las personas de un virus que ya mató a casi 3 millones en el mundo. La pena de muerte es un castigo intolerable”, advirtió la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski. El informe detalla que Irán, con 246; Egipto, con 107; Irak, con 45; y Arabia Saudita, son 27 fueron los países que más ejecuciones realizaron.
Señala el texto, además, que aunque “el derecho y las normas internacionales prohíben el uso de la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional”, China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam la usaron para delitos vinculados a drogas; China y Vietnam a la corrupción; y Pakistán por blasfemia.
Los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo 2020 fueron los siguientes: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego. Advierte también Amnistía que en Maldivas se mantiene la condena sobre 5 personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito.
Aún con la salvedad del faltante de datos en varios países, Amnistía destacó que el número de 483 personas ejecutadas en 2020, “por escalofriante que resulte” representa el la cifra más baja en al menos una década y marca una disminución del 26% respecto a 2019, y del 70% desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en 2015. A la baja de casos en Arabia Saudita e Irak se suma que no se registraron ejecuciones en Bahréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán, Singapur y Sudán, países que sí las habían llevado a cabo en 2019.
La organización alertó igualmente que las disminuciones registradas en varias zonas “parecerían estar relacionadas con retrasos de los procedimientos judiciales, debidos a la pandemia”.
En contraste, AI puso de relieve que Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a hacerlo y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva. Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la anularon en la ley o en la práctica, reseñó.
“Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2021 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas”, anticipó Belski. En el continente, además de los casos de Estados Unidos, únicamente Trinidad y Tobago impuso condenas a muerte en 2020.