Seis años y medio después de que estallara el caso, finalmente este martes se conocerá el veredicto de la causa Ciccone Calcográfica y existe expectativa en torno al pedido de la querella para la detención inmediata del ex vicepresidente Amado Boudou.
Rechazada ya la recusación que Boudou había hecho del juez Pablo Bertuzzi, el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital Federal escuchará desde las 9.30 los alegatos finales de los imputados, entre ellos del ex funcionario, y por la tarde, a las 15.00, dará a conocer su sentencia.
Entonces, se definirán las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que quede firme el fallo.
Según indicaron fuentes judiciales a NA, Boudou será condenado, pero resta determinar si se lo detiene este mismo martes en la sala de juicio de Comodoro Py, ante la presunción de fuga, o bien se le aplica alguna medida alternativa como la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte, la obligación de presentarse en Tribunales de manera periódica o el control por tobillera electrónica.
El fiscal de juicio Marcelo Colombo y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron una pena de pena de cinco años y medio para Boudou y la UIF de seis años, acusándolo de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
El proceso oral había comenzado el pasado 3 de octubre y, además de Boudou, son juzgados su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.
Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou -a través de su amigo Carmona y el abogado Vandenbroele como intermediarios- se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda, por lo que puso en marcha su salvataje.
Boudou negó siempre la imputación, de igual modo que conocer a Vandenbroele: sostuvo que el levantamiento de la quiebra estuvo vinculado a fondos del banquero Raúl Moneta.
En el caso Ciccone, Boudou está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, que contemplan penas de uno a seis años de prisión: de recibir una pena en este proceso, podría exponerse a prisión efectiva, más allá de los recursos de apelación.
Uno de los beneficiados sería el «arrepentido» Vandenbroele, para quien la UIF y la OA pidieron penas de un año y un año y medio de prisión, respectivamente, por considerar que ofreció una colaboración «sustancial» y «eficiente» para la investigación.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez evaluaron hasta último momento el contenido de la sentencia que se dará a conocer días después de la lectura del veredicto, pues tendrá mucho cuidado en no descartar la participación de otros ex funcionarios, como el caso del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y otros empresarios que aún investiga en primera instancia el juez federal Ariel Lijo.