El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe pidió este viernes una pena de 15 años de prisión para los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci, en el juicio que se les sigue en Santa Fe por privaciones de la libertad y robos cometidos en la provincia tras su fuga del penal de General Alvear, donde estaban detenidos por el triple crimen de General Rodríguez, a fines de 2015.
El fiscal Estanislao Giavedoni solicitó además 30 años de inhabilitación para tener y portar armas de fuego, la declaración de reincidencia y la unificación con condenas anteriores, en tanto el abogado defensor Jorge Miró pidió la absolución de los acusados en base a la figura de «necesidad justificante».
El tribunal, encabezado por el juez Eduardo Pocoví, anunció que la lectura del veredicto se llevará a cabo el miércoles próximo a las 10, en la quinta y última audiencia del juicio oral y público.
Martín (46) y Christian Lanatta (43) y Víctor Schillaci (37) son juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada (en dos casos el primero y en tres los restantes acusados) y robos calificados por actuar en banda y con armas de fuego, en un caso por haberlo hecho en poblado y la restante en despoblado.
Los acusados huyeron a finales de 2015 del penal de General Alvear, donde purgaban una condena de perpetua por el asesinato de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), cometidos en General Rodríguez, en agosto de 2008.
En este debate afrontan las acusaciones de privación ilegítima de la libertad del ingeniero agrónomo Juan Ignacio Reynoso (32), quien trabajaba en San Carlos y el 7 de enero de 2016 fue interceptado por los prófugos cuando circulaba en su Volkswagen Amarok color blanca.
Reynoso estuvo cautivo de los tres delincuentes hasta el 9 de enero y fue despojado de su vehículo, con el que los fugitivos volcaron en cercanías a la localidad de Cayastá, situación en la que fue recapturado Martín Lanatta (46).
El accionar delictivo continuó ese mismo día en la localidad semirrural de Campo del Medio, donde según el expediente Christian Lanatta (43) y Schillaci (37) privaron de su libertad al productor agropecuario Héctor Ferreira, a quien maniataron con un cable de teléfono y le robaron una camioneta que luego aparecería abandonada.
El tercer episodio de la saga también involucra a Schillaci y al menor de los Lanatta y tuvo como víctima a Franco Martín, un empleado de la arrocera Spalletti de Cayastá, donde fueron recapturados el 11 de enero de 2016.
Para el fiscal Giavedoni, los tres acusados estaban en pleno uso de sus facultades y tienen conocimiento de lo que son la vida en relación, en sociedad y en familia, por lo cual sabían las consecuencias que iban a tener sus actos.
Rechazó además el argumento de «necesidad justificante» esgrimido por la defensa, ya que en su visión «fugaron de un penal» y no existía ningún plan para matarlos, a la vez que tenían otras acciones alternativas a las que cometieron.
«Martín Lanatta tuvo suerte de no haber matado al comandante de Gendarmería (José María) Lencina», dijo Giavedoni en referencia al enfrentamiento ocurrido el 7 de enero de 2016 en cercanías de San Carlos Sur.
Por su parte, el defensor Miró señaló que los hechos que se investigan pueden denominarse «carrera por la vida» y aclaró que «no se habla ni de una conspiración ni de un plan para matarlos, sino de hechos».
«La fuga no se hubiese producido sin la colaboración del Servicio Penitenciario Bonaerense ni del poder político», dijo luego, al tiempo que destacó que sus defendidos no podían entregarse porque «había una policía buena y una mala, y todos vestían igual».
Una de las bases de su alegato refirió a un enfrentamiento ocurrido en esos días entre integrantes del grupo Alacrán y otros agentes de Gendarmería, que se conducían en una camioneta Berlingo idéntica a la que robaron los prófugos en San Carlos, y en ese sentido criticó a la Justicia Federal porque no se interesó en lo que él denominó «un fusilamiento en democracia».
Miró señaló que ese enfrentamiento entre gendarmes fue calificado como «una confusión» por la Justicia Federal, y en su opinión «la única confusión allí es que en la camioneta no viajaban Martín, Christian y Víctor, a quienes querían matar».
También reafirmó su teoría de que había interés en asesinar a los Lanatta y a Schillaci en el hecho que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concurrió personalmente a Cayastá para encargarse de la seguridad de los detenidos y que dispuso que no sean trasladados por Gendarmería.
Finalmente, dijo que la «necesidad justificante» se basa en el peligro que corrían sus defendidos y en la acción necesaria de huir para mantenerse con vida.