El ex ministro de Seguridad de Santa Fe declaró como testigo en el juicio oral seguido al presunto jefe narco Esteban Lindor Alvarado
El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, apuntó contra “los escalones policial, judicial y político” que permitieron “al crimen organizado expandirse y diversificarse”, al declarar como testigo en el juicio oral seguido al presunto jefe narco Estaban Alvarado y a otros seis miembros de la banda.
Sain fue convocado a declarar como testigo de los fiscales del juicio, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por su participación en la investigación como director del Organismo de Investigaciones (OI), la policía judicial de Santa Fe.
“El crimen organizado tiene altísima rentabilidad, pero los costos de producción y funcionamiento de esas organizaciones son escasos”, dijo el exministro, para agregar que “donde sí gastan mucho dinero es en comprar protección”.
Contó cómo a partir del desarrollo de la investigación fueron descubriendo a miembros de la fuerza de seguridad santafesina que “estaban subordinados” a la organización narcocriminal que Alvarado conducía desde la cárcel, mientras cumplía entre 2012 y 2018 una condena por robo de autos.
Según Sain, estructuras criminales complejas como la que se le achaca a Alvarado, “insumen una enorme cantidad de recursos para garantizar que el Estado no los persiga”.
El exfuncionario dijo también que “acá en Rosario se dio algo particular con la policía, que se vio en el juicio a Los Monos, y es que se quebró la capacidad de regulación ilegal del Estado en el componente policial”.
Para el exministro, “las organizaciones comenzaron a controlar a sectores de la policía”, cuyos miembros “estaban subordinados a los líderes de la banda criminal”.
“Esto habla de la crisis del Estado en Santa Fe y de la persecución penal, particularmente en la ciudad de Rosario”, abundó.
Durante su declaración, el actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación brindó detalles de la investigación realizada desde el OI, que permitió detener a Alvarado en un camping de la provincia de Córdoba el 2 de febrero de 2019, mientras estaba prófugo como presunto instigador de un asesinato.
Alvarado es juzgado desde fines de febrero junto a otros seis miembros de su organización criminal por dos homicidios, balaceras a edificios judiciales y a la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y por presunto lavado de activos.
Una parte de la banda, entre ella la vinculada a los policías que la integraban, fue condenada en juicios abreviados que suscribieron los acusados.
También su exesposa, Rosa Capuano, firmó un procedimiento abreviado por el que fue condenada por lavado y se comprometió a pagar una multa por 50 millones de pesos.
Para los fiscales, Alvarado “construyó un emporio de empresas” que le permitió “crecer económicamente” y convertirse en «un referente del hampa local” mientras cumplía una condena a seis años por robo de autos, en las cárceles de Campana primero y de Urdampilleta después.
“Desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios”, señalaron los fiscales en el requerimiento del juicio.
Dos testigos que declararon al inicio del juicio afirmaron que Alvarado había confeccionado una lista con “40 personas” que quería asesinar, y lo señalaron como el instigador de varios crímenes relacionados a la disputa que mantiene desde hace años con la otra gran organización narco de Rosario, “Los Monos”.