“Cuando hay hechos que atentan contra la dignidad humana tenemos el derecho de llevarlos a la justicia”, aseguró el obispo de Formosa en relación a los centros de aislamiento de la provincia en los que, según denuncias, se violan Derechos Humanos
Tras un manejo de la pandemia que generó repudio y polémica en la provincia, el gobernador formoseño, Gildo Insfrán, fue acusado por quince sacerdotes que consideraron que sus medidas son llevadas a cabo con un autoritarismo que recuerda «oscuras épocas de nuestra Patria» y violan los Derechos Humanos.
En declaraciones a medios locales, el obispo de Formosa, monseñor Vicente Conejero, explicó: “Un grupo de 15 sacerdotes firmó un documento en contra de las medidas que vulneran los derechos humanos en Formosa”.
Conejero aseguró: “Cuando hay hechos que atentan contra la dignidad humana tenemos el derecho de llevarlos ante la justicia, cuando hay acciones concretas y uno tiene los argumentos suficientes y fehacientes tenemos el deber de ir a la justicia”.
A través de una carta abierta titulada «Al Pueblo de Dios con quienes compartimos la vida y la fe en Formosa» y publicada en el diario local El Comercial, los curas se sumaron a las denuncias dirigidas al gobernador y su gestión por maltratos y hacinamientos durante la pandemia del coronavirus en los centros sanitarios de la provincia.
«Nos unimos a todos nuestros comprovincianos, que han sufrido la pérdida de un ser querido por el COVID-19, así como aquellos que han sufrido represiones violentas por reclamar sus derechos», expresaron en el texto, mientras que manifestaron una «indignación -humana y evangélica- ante los últimos acontecimientos que están sucediendo en nuestra provincia que son de público conocimiento y una violación a los derechos humanos y ciudadanos».
Además, apuntaron: «Las medidas que toman son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan oscuras épocas de nuestra Patria que no queremos vuelvan a repetirse y por eso las repudiamos con fuerza. Apostamos a la plena vigencia de la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales incluidos en nuestra Carta Magna. Es posible otra metodología de cuidado entre nosotros. Gran parte del pueblo no quiere ser llevado a centros de aislamiento».
En tanto, también reclamaron que «no hubo hasta hoy un llamado a los distintos sectores para la búsqueda en conjunto de las mejores soluciones». Sobre esto, insistieron en la necesidad de «escuchar otras voces» porque «se está construyendo una comunidad provincial basada en el desprecio al otro diferente, a su cultura, a su pensamiento, a su persona, a su dignidad humana, al manoseo y ocultamiento de la verdad, a la instauración del miedo». En esta línea, los sacerdotes se pudieron a disposición «para acompañar las iniciativas de bien en favor de nuestro pueblo».
En ese sentido, Conejero recordó que cuando comenzó la pandemia él había señalado que el Consejo no debía ser integrado solo por el oficialismo o el Poder Ejecutivo, sino que debería ser más amplio y abierto porque compete a toda la comunidad. “Uno no duda de las buenas intencionalidades que tienen las personas que llevan adelante estas medidas, pero como somos humanos uno se puede extralimitar”, agregó.
La carta es firmada por los curas Miguel Ángel Rojas, Antonio Caballero, Mario Franco, Francisco Nazar, Mario Bissaro, Ponciano Acosta, Jimmy Ponce, Gabriel Stella, Eduardo Ramos, Marcelo Valsecchi, Edgardo Ortíz, Oscar Cáceres, Lucio Rizzi, Juan Rosasco y Juan Punzo.