La concejala y abogada querellante Jesica Pellegrini habló con CLG en las horas previas al histórico fallo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
Por Matías Gregorio
Pasan los años, sigo aislado sin saber
Por qué ciegos de poder nos encerraron
¿Fue por pensar, fue por tener otro ideal?
¿Por intentar soñar un sueño imaginando?
Jueves 14 de mayo de 2020. La ciudad no amanece igual. No es un día más. Hoy, el grito de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina se alzará bien alto en Rosario. El Tribunal Oral Federal N° 2 dictará el veredicto de las causas Feced III y IV, que juzgaron las privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, desapariciones forzadas y violaciones cometidas por la estructura de inteligencia de la Policía de Santa Fe contra 191 víctimas. No habrá movilizaciones ni abrazos, pero sí el sentimiento de que si la Justicia aplica las condenas pedidas contra los represores, los rosarinos viviremos en una democracia más justa y consecuente con sus valores, que no olvida las atrocidades del pasado. Esa es la lucha que lleva adelante Jesica Pellegrini, concejala de Ciudad Futura y abogada querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que representa a 164 víctimas en el juicio oral y público. En las horas previas a conocerse la sentencia habló con CLG.
La megacausa Feced -se conoce de esa manera por Agustín Feced, el comandante de Gendarmería que quedó a cargo de la Policía de la provincia de Santa Fe en la época de la dictadura- lleva un largo recorrido. Se inició cuando se recuperó la democracia, entre fines de 1983 y principios de 1984, a través de un grupo de sobrevivientes que se presentaron ante la Justicia provincial para denunciar los hechos que habían padecido. Allí comenzaron los primeros intentos de investigación, que fueron interrumpidos en varias oportunidades, como cuando se dictaron las leyes de impunidad. El objeto procesal de la causa son los hechos acontecidos en lo que fue el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe que tenía asiento en Rosario, puntualmente en la intersección de las calles Dorrego y San Lorenzo, donde hoy funciona el Centro Popular de la Memoria. «Fue el mayor centro de detención clandestino en la provincia, por el que se estima que pasaron 2 mil personas», señaló Pellegrini.
A medida que fue avanzando la instrucción de la causa, es decir, la etapa investigativa, se fueron realizando distintas elevaciones parciales cuando ya se contaban con pruebas suficientes para acusar a los imputados. El primer tramo de la causa Feced se lo conoce como «Díaz Bessone», apellido del comandante del II Cuerpo de Ejército, órgano que ejercía el control sobre el Servicio de Informaciones mencionado y que estaba situado en Córdoba y Moreno, donde luego se entabló el Museo de la Memoria. En esa instancia, concluida en marzo de 2012, se condenaron a cinco personas. Posteriormente se produjo la segunda elevación parcial, denominada «Lucio César Nast», por el oficial rosarino de la Policía que encabezaba la caratula de las imputaciones. En octubre de 2014 fueron condenados siete policías provinciales que integraron el «grupo de tareas» conocido como «la patota» del Servicio de Informaciones.
Así se llegó a la tercera y cuarta elevación del juicio, que se inició hace dos años y este jueves verá su final cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, integrado por los magistrados Lilia Carnero, Aníbal Pineda y Eugenio Martínez, de a conocer el veredicto. En su alegato, el Ministerio Público Fiscal (representado por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, a través del fiscal general Adolfo Villatte y la fiscal ad hoc Ana Oberlin) solicitó penas de prisión perpetua para los siguientes acusados: Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ernesto Vallejo, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote y Carlos Antonio Scortechini. En tanto, para Julio Fermoselle y Héctor Gianola requirió 25 años de prisión –a éste último se le imputó una participación en una asociación ilícita–; para el acusado Eduardo Dugour, 24 años y para Lucio César Nast, 23 años. También se encontraban procesados Eugenio Zitelli, Daniel González, Ovidio Olazagoitía y Carlos Altamirano, pero fallecieron y se declaró extinta la acción penal en su contra.
«En esta tercera y cuarta elevación sumamos otros imputados y muchas más víctimas», mencionó la concejala, y explicó que la mayoría de los imputados, salvo uno, ya han sido condenados en otros juicios por el delito de asociación ilícita. «La coincidencia es prácticamente total, esperamos en la mayoría de los casos el máximo de la pena prevista», aspiró la integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, institución que actúa como querellante en la causa junto con las representaciones de Hijos, distintos familiares de víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pellegrini contó la particularidad de que «en nuestra jurisdicción, a diferencia de otros lugares del país, hemos logrado que los organismos querellantes como APDH tengan una representación casi similar a la de Fiscalía, dado que representamos y llevamos la voz de todos aquellas víctimas que han hecho denuncias pero que no se han constituido como querellantes». Así, en total, el equipo jurídico de APDH integrado por Pellegrini, Gabriela Durruty y Federico Pagliero representa a 164 de las 191 personas que sufrieron delitos de lesa humanidad.
Los imputados son acusados de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual de mujeres, una de las cuestiones más novedosas que por primera vez se incluye. El camino para que así sea fue narrado por la edila: «Se trató de una gran pelea que tardó en llegar porque tiene que ver con la lucha feminista, el patriarcado y cómo se van rompiendo algunas fronteras incluso en estos juicios. En un momento de la historia, el Código Penal los consideraba delitos contra la honestidad. Se fue modificando y ahora son delitos contra la integridad sexual. Y puntualmente, en lo que respecta a los delitos de lesa humanidad, hasta ahora eran considerados como una tortura más dentro del delito de tormentos, pero hemos logrado después de mucho tiempo que la violencia sexual específica cometida contra las compañeras durante la dictadura tenga una calificación jurídica acorde, porque no se trataron de delitos con fines sexuales, sino de delitos por medios sexuales pero con un fin de dominación. Esperamos que el tribunal también incluya esto en las responsabilidades y haga un desarrollo del tema para que siente un precedente».
Además, en Feced III y IV también se investigó por primera vez el secuestro de ocho miembros de la comisión directiva de La Vigil, una emblemática institución de la zona sur de la ciudad que fue intervenida en 1977. El gobierno de facto llevó adelante un plan sistemático que tenía como fin el desguace económico y cultural de la Biblioteca Popular, que incluso continuó después de la dictadura. «Lo que se establezca en relación a lo que sufrió la comisión directiva abrirá una grieta en ese marco de impunidad que pesa sobre La Vigil después de tantos años de genocidio en términos económicos y culturales», expresó la militante de Ciudad Futura.
Pellegrini destacó que, a través de los testimonios y de las pruebas que se van produciendo en cada tramo de las audiencias orales, las causas Feced permiten ir conociendo muchísimos datos de personas que están desaparecidas o cuyos destinos no se pudieron establecer. «Logra que se vaya rearmando el mapa de la represión y se establezcan las responsabilidades. Cada juicio permite llevar mayor justicia a casos que habían sido abordados en un solo aspecto», resaltó la abogada. Ante las nuevas informaciones que van surgiendo, la necesidad de seguir investigando no cesará, de manera que el quinto corte de la causa, es decir Feced V, ya está en etapa de instrucción.
Esta vez, los sobrevivientes, familiares, testigos, ciudadanos y organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos no podrán colmar los alrededores de los Tribunales Federales de Rosario ubicados sobre el bulevar Oroño ante el aislamiento que rige en el país por la pandemia del coronavirus. La concejala admitió que la situación «genera mucha angustia», dado que este tipo de juicios «son un lugar de encuentro y de muchas sensaciones». «Nos duele no poder vivirlo en el lugar, pero es lo correcto porque nuestros querellantes, sobrevivientes y familiares son todas personas consideradas población de riesgo, por lo cual hay que extremar los cuidados», agregó.
Como ya sucedió en las últimas audiencias, la jornada se realizará mediante el sistema de videoconferencia. La transmisión se podrá seguir en vivo a partir de las 13 a través de las webs del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema y del Concejo municipal, como así también desde el Canal 4 de Rosario, después de que el órgano legislativo local aprobara una ordenanza al respecto presentada por Pellegrini. «Como siempre el ingenio popular va a tratar de multiplicar esos abrazos por las redes», valoró la letrada.
A más de 37 años de los hechos relatados, el terrorismo de Estado volverá a ser juzgado en Rosario, demostrando una vez más que la sociedad halló Memoria para no olvidar, Verdad para derribar los pactos de silencio y Justicia para condenar. A fin de avanzar en la construcción de un mundo verdaderamente democrático, justo e igualitario, es nuestro deber recuperar las historias perdidas de cada sobreviviente y los 30 mil que ya no están, para así encender los sueños que intentaron apagar.