Se estima que tendrá un piso de 4 millones de beneficiarios. Trabajan en conjunto los ministerios de Economía, Desarrollo, Trabajo y la Anses. La opinión de los economistas
El Gobierno ya está analizando distintas alternativas para implementar un programa de renta básica o ingreso básico universal luego de la cuarentena. La idea es que reemplace al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa que ofrece un bono de $10.000 a trabajadores informales, monotributistas sociales y empleadas domésticas, y que en agosto iniciará su tercera ronda de pago.
En las alternativas para implementar el programa están trabajando la Jefatura de Gabinete, tres ministerios -Economía, Desarrollo Social y Trabajo- y la Anses que por su capilaridad será la encargada de llegar a los futuros beneficiarios. Hasta ahora, en lo que coinciden es que el beneficio reemplazará al pago del IFE, pero no a otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o embarazo, que se mantendrán como hasta ahora.
“Se está pensando en un beneficio para personas en mayor estado de vulnerabilidad luego de la cuarentena. El IFE dejó un mapa claro de la situación”, comentaron fuentes cercanas al Gobierno. En ese mapa, por ejemplo, quedó en evidencia que 4 millones de personas nunca habían tenido un trabajo en blanco o una cuenta bancaria. Ese número sería el piso de beneficiarios a los que está pensando llegar el Gobierno con la renta o el ingreso universal.
Una de las opciones más avanzadas es que el programa estará también orientado hacia el empleo. Por ejemplo, una de las posibilidades en estudio es que las personas que lo reciban tengan además un proceso de capacitación y de inserción laboral en el sector privado. Por ejemplo, que las empresas puedan emplear a los beneficiarios, en una primera instancia, con fondos del Estado.
Otro aspecto importante en el que se trabaja es que no haya intermediarios entre el Estado y los beneficiarios. “Que el registro y el criterio de elección esté en manos del Estado y no de organizaciones intermedias”, destacaron los informantes.
“En el mundo ya hay un debate sobre el ingreso universal, a la luz de la inequidad y de las vulnerabilidades desnudadas por la pandemia. Más aún en países en desarrollo, donde el 50% de los trabajadores son precarios con ingresos inestables que caen a pique en las crisis. Pero no hay que confundir los términos: pocos países en desarrollo tienen los recursos fiscales para un ingreso universal”, señaló el economista Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.