Un total de 2.020 trabajadores del departamento Rosario formalizó durante 2017 su situación laboral a partir de las tareas de fiscalización realizadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia, informaron fuentes oficiales.
En el marco de las actuaciones que se hicieron durante el año que pasó, fueron relevados 9.969 empleados, de los cuales 4.079 (40,92 por ciento) no se encontraban registrados . Tras los procedimientos se obtuvo como resultado la normalización de 2.020, el 49,52 por ciento de ese grupo (en el resto de los casos se intima a la regularización, y se elevan multas).
Los datos surgen del procesamiento de la información de las 3.215 inspecciones realizadas en el departamento Rosario que constituyen, por su crecimiento significativo, un récord desde la creación del Ministerio de Trabajo en 2007. En 2017 las actuaciones tuvieron un incremento de 8 por ciento con respecto al 2016, y de 51 por ciento en relación al 2007.
“Lograr condiciones de trabajo decente es uno de los objetivos prioritarios y permanentes de la política laboral que tiene el gobierno de Santa Fe”, aseguró el gobernador Miguel Lifschitz.
“Necesitamos defender la legislación que protege los derechos laborales, porque las pretendidas reformas previsionales y laborales que se plantean, con la excusa de bajar costos, de mejorar la competitividad de las empresas y de lograr mayor eficiencia, en realidad lo que buscan es reducir derechos”, enfatizó el gobernador.
Así, a lo largo del año pasado, se realizaron 5.467 inspecciones en toda la provincia de Santa Fe. La tarea apuntó principalmente al rubro comercio (33,14 por ciento); industria (10,74 por ciento); alojamiento y comidas (9,82 por ciento); y en la construcción (8,76 por ciento).
Regularización
“Desde la provincia se vienen incrementando en forma permanentemente la cantidad de inspecciones tanto de oficio como aquellas que se coordinan junto a organizaciones sindicales, a efectos de detectar trabajadores no registrados y fundamentalmente a lograr la regularización de los mismos”, detalló el titular el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini. Y agregó: “El cumplimiento de las leyes laborales garantiza a los trabajadores el derecho a tener un salario justo de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo y una jubilación en el futuro, a contar con obra social para ellos y su familia y cobertura ante accidentes o enfermedades laborales, así como les posibilita el acceso a créditos y demás bienes y servicios a los que sólo se puede acceder en condiciones laborales regulares”.
El funcionario explicó que el avance en la formalización fue posible por el “fortalecimiento y modernización de la estructura de inspección provincial de los últimos años”, que significó cambios en los procedimientos de trabajo, el desarrollo de un nuevo sistema informático y el incremento de los recursos humanos y materiales “para dar respuestas efectivas en el marco de la lucha contra el trabajo no registrado y modos encubiertos de trabajo informal”.
Por su parte el subsecretario de Fiscalización del Trabajo, Fernando Muruaga, destacó que “el objetivo de la inspección del trabajo no es la aplicación de sanciones, sino la efectiva regularización de los trabajadores afectados por la informalidad. Tal es así que, detectado un trabajador no registrado en ocasión de la inspección, si se procede a su regularización, se reducen notablemente las sanciones aplicables”. Asimismo, subrayó el rol de la fiscalización en materia de asistencia, difusión y concientización de empleadores y trabajadores sobre la problemática del trabajo no registrado y los beneficios de su regularización.
Cruce informático
La implementación del Sistema de Gestión de Inspección del Trabajo desarrollado por la cartera laboral, permite la verificación “efectiva y real” de la situación registral de los trabajadores relevados, a través de un cruce informático con los datos registrados en las bases de Afip. El sistema detecta conductas presumiblemente ilícitas y de relevancia penal, como ser la adulteración de documentación laboral.
“De esa manera —explicó Muruaga—, se accede a un monitoreo que posibilita detectar situaciones violatorias de las normas laborales y conductas de empleadores con el fin de evitar los controles orientados al blanqueo de los trabajadores. Ejemplo de ello es la conducta de regularizar a los trabajadores no registrados para acceder a la reducción de sanciones y, en un brevísimo período de tiempo, proceder a darles la baja, regresando de ese modo a la informalidad”.
En esos casos, aseguró, se emiten nuevas órdenes de inspección y, de constatarse faltas, “las multas correspondientes se agravan; así también se vuelven a inspeccionar los establecimientos cuyos titulares no acreditan la regularización laboral de sus trabajadores”, explicó el funcionario.
Fuente: La Capital