El experimentado letrado y ex titular del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, analizó en diálogo con CLG las consecuencias de la medida adoptada por el gobierno de Fernández en torno a la suspensión de la movilidad
El experimentado letrado y ex titular del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, analizó en diálogo con CLG las consecuencias de la medida adoptada por el gobierno de Fernández en torno a la suspensión de la movilidad
La medida de Alberto Fernández de suspender la movilidad jubilatoria y otorgar un aumento de 2.3% y una suma fija de $1.500 ha generado un gran revuelo en todo el país. En las últimas horas, se han presentado demandas colectivas de miles de personas afectadas por la decisión del gobierno nacional y un planteo judicial del Defensor de la Tercera Edad, sobre la inconstitucionalidad de la misma. Para ahondar más en el tema, CLG se comunicó con el letrado y ex titular del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo. “Estos temas deberían ser resueltos por el Ejecutivo», declaró.
Con la presentación, el objetivo de la Defensoría de la Tercera Edad, conducida por Eugenio Semino, es que se declare “inconstitucional” el cambio en el cálculo de las jubilaciones y pensiones. Según detalló Semino, son alrededor de 3 millones de personas las que estarían en condiciones de iniciar demandas. También aclaró que se exceptuará a los jubilados a los que la resolución presidencial favorece.
Para dar claridad sobre el tema, Araujo explicó a CLG que “desde el punto de vista del derecho, evidentemente el Ejecutivo pretende modificar los términos de una ley emanada del Congreso que tiene una supremacía importante”. Esto, implica “un perjuicio de una X suma de dinero que para el común de la gente quizás pueda parecer menor pero que, para el jubilado con una inflación creciente e ingresos escasos, tiene significación”.
En este sentido, el abogado continuó: “Al apartarse de la ley y significar una violación al derecho de propiedad que todos tenemos, sin una causa valedera, da lugar en términos teóricos a que la posibilidad de introducir la acción judicial para declarar inconstitucional la medida del poder Ejecutivo”. Araujo expresó que el derecho que se estaría violando es aquel reconocido por una ley “a cobrar un sistema de ajuste determinado y siendo que el ajuste propuesto por el poder ejecutivo arroja una cifra inferior”.
Consultado por CLG sobre si considera que la presentación de Semino o las demandas colectivas prosperarán, Araujo indicó: “Con la Justicia nunca se sabe qué va a prosperar y qué no. En términos puros, daría la impresión de que la Justicia, sea a través de una vía o de otra, debería darle la razón (al defensor de la tercera edad). Lo ideal sería que se reconociera el derecho a través de un amparo, que es una acción que tiene un efecto rápido, urgente, con mucha sintetización de plazos y términos. De lo contrario, si hubiera necesidad de declarar una demanda de constitucionalidad, eso va a demorar más tiempo. En cualquiera de los dos casos, la Justicia debería darles la razón”.
Para concluir, Araujo consideró que lo más importante de todo en estos casos es “evitar la litigiosidad indebida”. Y fue contundente al decir: “No puede ser que el Estado, para no pagar, obligue a los jubilados a pleitear y que ese pleito se lleve la vida de mucha gente, porque obviamente si estás jubilado es porque ya tenés una edad determinada o alguna incapacidad. Muchas veces, los jubilados promueven los juicios y no terminan de ver los resultados porque se murieron antes”.
El letrado concluyó: “Estos temas de jubilados debieran ser resueltos por el Ejecutivo”, evitando presentaciones judiciales.
Demanda colectiva
Siete mil jubilados presentaron ayer una demanda colectiva contra el Estado, por la suspensión de la movilidad jubilatoria establecida durante el gobierno de Mauricio Macri.
En diálogo con radio Mitre, Semino, abogado y titular de la Defensoría de la Tercera Edad, manifestó que la intención es “ayudar al gobierno a no entrar en la lógica que se vino dando en los últimos 30 años, y evitar para los jubilados a los que reconocen sus derechos, que mueran en la espera”.
Lo dijo en referencia a la “hiperjudicialización y la litigiosidad eterna” ocurrida, según explicó, tras el caso Badaro, en el recorte que hizo en su momento el gobierno de la Alianza, y en la última etapa del recorte de los 7 puntos del empalme de la ley de movilidad durante el gobierno de Macri.
Además, Semino se refirió al alto número de jubilados que participaron en la demanda: “Los 7.000 casos son los que se acercaron a la defensoría en tres días. Los funcionarios difieren con los números de a cuántos afectan. El sector de jubilados y pensionados de Anses es más o menos de seis millones, de los cuales creo que están afectados alrededor de un tercio”.
Finalmente, en relación al ahorro fiscal que el recorte en las jubilaciones significaría para el gobierno, Semino expresó: “Excede a mi conocimiento el tema económico y político. Lo que sí se ve muy claramente es que afecta garantías constitucionales y el derecho de los jubilados”.