Miembros del gobierno de Pedro Sánchez pusieran en cuestión la transparencia y continuidad de la propia monarquía
La presión para que el rey Felipe VI responda al escándalo de corrupción que implica a su padre, Juan Carlos de Borbón, se incrementó este martes ante las últimas revelaciones y después de que miembros del gobierno de Pedro Sánchez pusieran en cuestión la transparencia y continuidad de la propia monarquía.
«Nos volvemos a reafirmar en las declaraciones en las que celebrábamos cualquier iniciativa que tome el Jefe del Estado para dar mayor trasparencia y confianza en relación con los acontecimientos que hemos conocido», aseguró hoy la vocera del Ejecutivo progresista español, María Jesús Montero, mientras en España se sigue esperando algún movimiento de parte de Felipe VI.
En las horas previas, la ministra de Igualdad española, Irene Montero, dijo que «es muy difícil poder separar los casos de corrupción de la familia Borbón, algunos presuntos y otros contrastados, de la institución de la que forman parte».
Montero, «número dos» del partido de izquierda Unidas Podemos (UP), se distanciaba así de la postura del Ejecutivo que ella misma integra, que intenta diferenciar la cuestionada figura del rey emérito de la supuesta «ejemplaridad» del actual monarca con la intención de dar estabilidad a la institución. No obstante, ante el goteo de revelaciones sobre los negocios ilegales de Juan Carlos de Borbón, la estrategia comienza a tambalearse.
La Justicia suiza lo investiga por blanqueo de capitales y comisiones ilegales por una presunta coima de 100 millones de dólares que recibió en 2008 de Arabia Saudita por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de Medina a La Meca.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía helvética, el padre de Felipe VI ocultó el dinero saudita en la Fundación Lucum, una empresa off shore con cuenta en Suiza, y en 2012, transfirió el dinero que le quedaba a su ex amante, la empresaria Corinna Larsen.
No obstante, en 2011 Larsen ya manejaba dinero del ex monarca, según publicó hoy el diario El Mundo, que revela que la empresaria envió un correo electrónico al gestor de la fortuna suiza de Juan Carlos I, Arturo Fasana, para comunicarle que el rey autorizaba la compra de un dúplex de seis millones de euros en el centro de Londres.
Larsen explicó después ante el fiscal suizo Yves Vertossa que finalmente esa operación no se llegó a concretar porque el vendedor se arrepintió, pero que terminó comprando otro departamento y que el ex monarca le «donó» 1,6 millones de euros para la operación, que se elevó a 5,5 millones, más la remodelación, añade el mismo diario.
La examante del padre de Felipe VI había declarado que el ex rey de España le había transferido a su cuenta 65 millones de euros «por gratitud y amor», y no para «desahacerse del dinero», de acuerdo con revelaciones previas.
Las pruebas documentales y testificales están ahora en manos del Tribunal Supremo español, que abrió una investigación preliminar para decidir si existen indicios penales contra Juan Carlos de Borbón, aunque sólo a partir de junio de 2014, la fecha de su abdicación, ya que antes estaba protegido por la inmunidad que le otorga la Constitución.
Mientras el rey Felipe VI intenta desmarcarse de las activadas ilegales de su padre, a quien le negó su asignación como rey emérito luego de saliera a la luz en la prensa británica que aparecía como beneficiario de Lucum, el escándalo, el debate y la indignación siguen creciendo.
Sánchez, quien calificó de»inquietante» y «perturbadora» las informaciones de corrupción, apenas se abrió a plantear una reflexión sobre reformar la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey, que impide que sea juzgado por actos cometidos en su cargo.
Pero el presidente del gobierno también espera que la Casa Real de algún paso, lo que, según algunos medios, pasaría por despojar a Juan Carlos I de su título de rey y retirarle honores que ostenta desde su abdicación.
No obstante, la cúpula de Podemos ya cuestionó el viernes pasado la utilidad de la monarquía a raíz de «los numerosos escándalos de corrupción» y pidió abrir un debate «para avanzar hacia una democracia más fuerte», informó el diario.es.
Como primer paso aspiran a que finalmente el Parlamento pueda constituir la comisión de investigación vetada por la derecha y el propio Partido Socialista (PSOE) de Sánchez.
«Queremos una investigación bastante intensa sobre las actividades del ciudadano Juan Carlos de Borbón», dijo ayer el ministro de Consumo español, Alberto Garzón, también integrante de UP, el mismo día en que Felipe VI era recibido en Cataluña con protestas.