Por Aníbal Gutiérrez (*)
Un 20 de septiembre, pero hace 115 años, se sancionó la Ley 4.349 que establecía un beneficio previsional para empleados públicos del Estado nacional. Por aquel entonces, el presidente Julio Argentino Roca – que transitaba por su segundo mandato- dispuso la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, el primer instrumento que otorgó un ingreso para la clase pasiva.
En aquellos años, la asistencia y previsión social estaba bajo el ala de las asociaciones de socorros mutuos, una especie de «obra social» que estaba bajo el control de comunidades de italianos, españoles y otras nacionalidades que buscaba cubrir las necesidades cotidianas de la población más empobrecida.
Con la Ley 4.349, el Estado nacional empieza a otorgar beneficios provisionales a los trabajadores estatales, incluyendo entre ellos a los maestros, los empleados del Banco Nación y del Banco Hipotecario, personal judicial y de los Ferrocarriles Nacionales.
En la actualidad, según información del último censo nacional realizado por el,Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), más del 95% de las personas mayores de 65 años se encuentran incorporados al sistema provisional al percibir una jubilación o una pensión.
Esto es fundamental ya que, según los últimos informes de la Organización de las Naciones Unidas, la composición de la población mundial ha cambiado en los últimos decenios y se espera que más del 20% de la población mundial sea, en breve, mayor de 60 años, siendo este aumento aún mayor en los países en desarrollo.
Por ello, resulta fundamental seguir profundizando el camino iniciado en nuestro país hace más de un siglo, prestando una mayor atención a las necesidades de las personas adultos y adultas mayores, teniendo a los derechos humanos en la base de todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido.
La vejez es una etapa de la vida en la que se pueden seguir haciendo contribuciones esenciales al funcionamiento de la sociedad, pero para eso el Estado debe brindar las adecuadas garantías promoviendo el pleno e igualitario goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad.
Desde el Inadi trabajamos a diario para proteger los derechos de los adultos y adultas mayores a una vida plena, libre de prejuicios, digna y sin discriminación.
Para ello, buscamos promover todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la leyes y los tratados de los cuales nuestro país es parte, y lo que estos significan en la vida cotidiana de los adultos y adultas mayores.
También tratamos de dar mayor visibilidad a las personas de edad como sujetos activos y comprometidos con la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. Por eso, en breve, compartiremos con la sociedad las imágenes y las producciones audiovisuales de centenares de personas que participaron de una propuesta participativa que llevamos adelante con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) de Bogotá, Colombia.
Esa propuesta es el concurso audiovisual por una vejez digna y sin discriminación. Las miradas de las personas sobre nuestros y nuestras adultas/os mayores serán compartidas a través de las redes sociales de Inadi. Un pequeño aporte para deconstruir estereotipos sobre la vejez.
(*) Director de Promoción y Prácticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).