La Justicia Federal elevó a un proceso oral y público la investigación contra el empresario detenido
La Justicia Federal elevó a un proceso oral y público la investigación contra el empresario detenido
El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy la elevación a juicio oral y público de la causa conocida como M&P en la que se investiga al detenido empresario Lázaro Báez y a dos de sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
En este expediente se investigan maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en la firma Austral Construcciones a través de M&P, otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
Casanello solicitó la elevación a juicio del expediente, que tiene 14 imputados, entre los que se encuentra Báez y sus hijos Luciana y Martín, en la causa por la cual el empresario contratista de obra pública sigue detenido con prisión preventiva.
“Hacia fines de 2015 y mediados de 2016, de sociedades de dudosa actividad comercial a través de las cuales, mediante la simulación de operaciones comerciales, se habría intentado justificar la inyección de dinero de procedencia ilícita a las empresas del grupo Báez, a nivel local”, sostuvo el juez en su auto de elevación a juicio.
En la resolución, a la que accedió Télam, el magistrado citó el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan en el que se indicaba que en la causa se investiga a los Báez y otras personas por “haber puesto en circulación en el mercado dinero negro proveniente de hechos ilícitos cuyo monto ascendería a una suma superior a los $127.624.184”.
Las maniobras se hicieron “mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de julio del año 2016, con el objeto de convertirlo e integrarlo al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad y cortar todo lazo con los ilícitos que lo generaron”, había sostenido el fiscal.
“Consistieron en la canalización de ese dinero a través de distintas sociedades, dentro de las que se encuentran la firma Indigo SA, Recaudaciones Computarizadas SA, Proydesa SA, Karnix SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, Catahu SA y Xhoris SA.
Todas esas firmas realizaron diferentes transferencias bancarias a favor de “M&P SA” –cuyos accionistas y responsables son Martín Báez, César Andrés y Luciana Báez- y de “Austral Construcciones SA”, propiedad de Lázaro y Martín Báez, según se dictaminó.