El presidente de Perú, Francisco Sagasti, expresó su "indignación y decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizados con las vacunas de Sinopharm"
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, confirmó que 487 personas se vacunaron «extraoficialmente», entre ellas altos cargos y servidores públicos, que «aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm» contra el coronavirus, en un escándalo que alcanza al expresidente Martín Vizcarra y provocó la salida del gobierno de al menos dos ministras, entre ellos la titular de Salud, Pilar Mazzetti.
Sagasti reiteró anoche un mensaje a la nación su «indignación y decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizados con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se usaron en los ensayos clínicos en nuestro país», recogió la agencia estatal de noticias Andina.
Entre las personas que recibieron la inoculación sin que les correspondiera se encuentran la ex ministra Mazzetti, que primero negó haberla recibido y ahora en una carta pública lo confirmó y dijo que se trató de «el peor error» de su vida, y la de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunció ayer al cargo.
Según el diario El Comercio, que cita fuentes del programa de ensayos de Sinopharm, Mazzetti se vacunó a mediados de enero y recibió la segunda dosis el 6 de febrero en las instalaciones de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), reseñó la agencia de noticias Europa Press.
De esa manera, la entonces ministra recibió el antídoto de Sinopharm antes de la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus, que aterrizó el 7 febrero en el país.
Sagasti -el cuarto presidente en lo que va del presente período quinquenal de Gobierno- mostró un «sentimiento profundo de dolor, porque estas personas que formaron parte de nuestro Gobierno de transición faltaron a su deber de servidoras públicas y a su lealtad con la presidenta del Consejo de Ministros y conmigo».
Tras admitir el domingo que recibieron la vacuna el exviceministro de Salud Pública Luis Suárez y la canciller Astete; el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció este lunes que el Gobierno abrió una investigación sobre la supuesta vacunación «extraoficial» llevada a cabo por altos cargos, que habrían llegado a una serie de acuerdos con las empresas farmacéuticas para inmunizarse de forma subrepticia.
Según había adelantado horas antes Ugarte a la emisora RPP, «la primera versión en el Ministerio de Sanidad puede ser de entre 15 y 20 vacunados».
El presidente confirmó que el listado de personas que fueron beneficiadas con la vacuna se enviará a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría General del Estado y a la comisión investigadora formada por Ugarte para que se inicien las acciones que correspondan.
Por otro lado, la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra, ahora candidato al Congreso por el partido Somos Perú, por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo debido a indicios de irregularidad en la administración de los inmunizadores adicionales a él y a su esposa, tal y como ha confesado el exdirigente.
Según un documento fiscal de Ávalos, al que ha tenido acceso el diario El Comercio, existen diversas incongruencias en las versiones de Vizcarra sobre la aplicación de estas vacunas.
En concreto, la fiscal señaló que el ex presidente reconoció haber recibido la dosis junto a su esposa en octubre de 2020 como «voluntarios» de ensayos clínicos, pero la UPHC ha negado esa versión al indicar que ni él ni su pareja estaban dentro de los padrones de voluntarios.
«Existen datos objetivos que dan cuenta de una serie de irregularidades en el procedimiento médico de vacunación, que se realizó de manera oculta el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra», señala de este modo el documento fiscal que apunta además a que «resulta razonable la hipótesis de que habría utilizado de modo indebido el poder que le brindaba el alto cargo».
Asimismo, la Fiscalía también ha hecho hincapié en que, por el momento, no existen indicios que apunten a una «negociación de los contratos» por parte de Vizcarra ya que, aunque Perú fue elegido como uno de los territorios donde Sinopharm realizaría la fase tres de los ensayos clínicos, «tal procedimiento no implica necesariamente futuros contratos de adquisición de vacunas».