El ex presidente colombiano se encuentra con prisión domiciliaria por considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos
Un juez de Bogotá ordenó hoy la detención domiciliaria del que fuera abogado del ex presidente Álvaro Uribe, acusado por la Fiscalía de soborno y fraude procesal, en el mismo caso que sigue la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos al ex mandatario, sobre quien ordenó su detención preventiva domiciliaria.
Se trata de Diego Cadena, procesado por sobornar a ex paramilitares para que cambien sus testimonios y favorezcan al ahora senador Uribe, sobre quien el máximo tribunal ordenó hace dos días su detención preventiva domiciliaria y se convirtió en el primer ex mandatario elegido democráticamente al que se le impone una medida de este tipo.
La histórica decisión de la Corte Suprema de privar de la libertad a Uribe desató una ola de celebraciones y de rechazos.
De hecho, el presidente Iván Duque, del partido de derecha Centro Democrático, fundado por Uribe, estimó hoy que en la Justicia del país hay «desequilibrio» e «incoherencias», al referirse a la orden de detención contra su antecesor, que gobernó el país entre 2002 y 2010, informó la agencia de noticias EFE.
El mandatario revivió además la propuesta de reformar la justicia, una iniciativa planteada por varios de sus antecesores pero que ninguno ha podido llevar a cabo.
La Fiscalía, que imputó a Cadena la semana pasada, argumenta que el abogado visitó en cárceles a ex paramilitares a quienes les ofreció dinero y otro tipo de ayuda para que cambiaran su testimonio a favor de Uribe en un caso por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Cadena, quien acepta que sí entregó dinero a ex paramilitares, asegura que no se trató de un soborno sino de una «ayuda humanitaria», e insiste en que fue extorsionado, aún cuando nunca hizo una denuncia al respecto.
Los grupos armados paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes con el argumento de que tenían que protegerse de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.
El proceso por el que responden Cadena y Uribe comenzó en 2012 cuando el ex mandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe. El proceso contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al ex presidente por supuesta manipulación de testigos.
Los testigos de Cepeda y Uribe son en su mayoría ex paramilitares presos y condenados que dieron distintas declaraciones, de algunas de las cuales se retractaron, en las que afirman haber recibido dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe.
Uno de los testigos es el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien testificó que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se fundó -entre 1996 y 1997- en una hacienda de propiedad de la familia de Uribe con la participación de varias personas, entre ellas el ex presidente y su hermano Santiago.
La versión de Monsalve es que en ese predio se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones del grupo, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
Monsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones de Cadena.