Tras la aprobación de la medida en la Cámara de Diputados de la Nación, referentes sociales rosarinos adelantaron a CLG que reforzarán su presencia en las calles
Por 222 votos positivos, ninguno negativo y una abstención, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la prórroga de la emergencia alimentaria nacional. La iniciativa, que se gestó en medio de un convulsionado clima de movilización contra las políticas de Mauricio Macri, contó con el visto bueno del gobierno, que se negó a aprobar por decreto para evitar dar lugar a discursos de campaña que perjudiquen aún más su imagen del oficialismo.
Si bien resta la aprobación de la Cámara de Senadores para su sanción definitiva, representantes de los movimientos sociales de la ciudad aseguraron en diálogo con CLG que reforzarán su presencia en las calles «para asegurar su pleno cumplimiento». Además, indicaron que la medida «no es suficiente para terminar con el hambre que hay en los barrios de Rosario».
«Es un gran logro político de las organizaciones sociales y un reconocimiento por parte de la clase política de que la situación no da para más. Argentina produce alimentos para 10 países por lo que es inadmisible que haya gente con hambre», reflexionó Eduardo Del Monte, coordinador general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Y añadió: «Pudimos instalar la idea de que el hambre es una realidad y requiere de medidas extraordinarias».
Sin embargo, el dirigente social calificó a la ley en tratamiento como «un paliativo escaso», al tiempo que anticipó: «Estamos a la expectativa de ver como se aplica, si es que la aprueba el Senado. Debemos garantizar en la calle el cumplimiento de la misma».
«Duplicamos la cantidad de familia que nos utilizan como herramienta, y por eso vamos a seguir reclamando. Las condiciones que dieron origen a la necesidad de esta ley no sólo que continúan, sino que se agravaron», insistió Del Monte.
En la misma línea, Alejandra Amarillo, de Barrios de Pie hizo hincapié en que «el hambre no puede esperar hasta las elecciones». «Esto no es suficiente, es un parche para un pueblo que pasa hambre», indicó.
La dirigente rosarina, se mostró molesta por el «proceso de estigmatización» que viven las organizaciones sociales y subrayó: «La ministra de Desarrollo Social de la Nación nos dice violentos. Pero violencia es que 3 de cada 10 chicos no tengan comida en su casa. Violencia es la ignorancia y le represión».
«Vamos a seguir en la calle en la lucha para conseguir una respuesta concreta. Todos estamos de acuerdo en que de la pobreza se sale con un trabajo digno, pero mientras tanto no podemos estar sufriendo de esta manera”, cerró.
Asimismo, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Ignacio Rico, calificó a la medida como «una herramienta más para luchar contra el hambre», aunque agregó que «desde los movimientos sociales entendemos que esto es sólo un parche y que la única solución es cambiar el modelo de país».
«Más allá de eso estamos orgullosos de lo que logramos en conjunto. El termómetro de nuestras barriadas son los merenderos y comedores: desde que está Macri se incrementó la demanda de alimentos. Esperamos que con el nuevo gobierno tengamos que transformarlos en espacios culturales y deportivos, eso significará que nuestros chicos no sufrirán más hambre», cerró.
¿Qué es la emergencia alimentaria?
Después de un «tira y afloje» que se extendió durante varias semanas, y en un extraño caso de cooperación y colaboración entre el oficialismo y la oposición dentro y fuera del Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de emergencia alimentaria, y todo está dado para que la semana que viene el Senado convierta el proyecto en ley.
Con 222 votos a favor y solo una abstención (la diputada de la izquierda Mónica Schlotthauer) la Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Si el Senado aprueba el proyecto, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación le costará al Estado unos $10.489 millones.
La norma que llegará a la mesa de entradas de la Cámara alta establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.
Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
En ese sentido, el proyecto faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, «y hasta que dure la emergencia», a «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)».
Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para que se lleve adelante «un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional»