Por Diego Añaños
El presidente Alberto Fernández anunció que el viernes 18 de marzo comenzaba la guerra contra la inflación. Los empresarios, fieles al estilo nacional, decidieron aumentar preventivamente los precios antes de que la guerra comience. Una vieja tradición argentina que parece no cambiar con el paso de los años. Los grandes perdedores, como siempre, los consumidores, fundamentalmente los trabajadores.
La guerra cuenta, hasta el momento, con dos medidas, oficializadas a través de los decretos 131 y 132 y publicadas el sábado pasado en el Boletín Oficial. La primera es un aumento de dos puntos porcentuales de la alícuota de los derechos de exportación de harina y aceite de soja (pasan de 31% al 33%). La segunda es la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un fideicomiso de administración y financiero constituido con el objetivo de regular el costo de la tonelada del cereal que adquieren los molinos harineros a nivel nacional. El mismo, se financiará con el dinero recaudado a través del aumento de las retenciones anteriormente citado. De este modo, se subsidiará el costo de la bolsa de harina de 25 kg que adquieren las panaderías, a raíz del fuerte aumento que registró debido al conflicto bélico en Ucrania. Sólo eso dos medidas, y ambas destinadas a controlar el precio de un solo bien: el pan. Poco para una guerra.
El lunes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunieron con representantes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticio (COPAL), que incluye a las empresas del sector y a supermercadistas). Durante el encuentro, que duró menos 40 minutos, los funcionarios nacionales reclamaron a los empresarios por lo que consideran aumentos injustificados. Incluso hicieron llegar sus sospechas de algunos movimientos de precios puntuales a los que denominaron “raros”, durante los últimos días. De hecho, Kulfas anunció que están trabajando junto a las empresas para determinar, en el plazo de 24 horas, qué productos deben retrotraer sus precios a los que tenían entre el 8 y el 10 de marzo. Al finalizar la reunión, se invitó a los empresarios a conformar una mesa de concertación que permita ir monitoreando las variaciones en los precios. Como decíamos la semana pasada, violín en bolsa, y a sentarse a charlar. Hoy hay una lista de 580 productos, que no conocemos, cuyos precios deberían ajustarse a los niveles de comienzos de marzo (a olvidarse de las 24 horas de plazo, por supuesto), y un listado de 60 productos con precios cuidados para las cadenas de supermercados chinos. No mucho más que eso.
Sin embargo, y más allá de las medidas concretas, el gobierno nacional necesita urgentemente construir una base de sustento social para enfrentar la inflación. Digo, una base de sustento social que se constituya en el cimento político para dar la batalla. Este gobierno u otro, no importa. No hay modo de hacerlo sin el acompañamiento político de la sociedad. Y este se debe fundamentalmente a que enfrente hay un bloque sólido, consolidado, de 25 ó 30 grandes empresas que saben muy bien cómo hacer su trabajo, pero que sólo se someten ante el apoyo popular la movilización popular. En contra tenemos lo que la teoría política denomina un problema de acción colectiva: es mucho más fácil encolumnar 25 ó 30 agentes económicos que organizar una coreografía para 44 millones de ciudadanos. A favor tenemos que la lucha contra la inflación es una de las pocas luchas colectivas que aún persisten, donde los intereses están muy claramente delimitados. La inflación afecta por igual a peronistas y radicales, libertarios y socialistas, liberales y conservadores. A nadie le preguntan cómo votó en las últimas elecciones cuando llega a la caja del supermercado, a todos les cobran igual. Cuando los precios de todos los bienes y servicios aumentan, y no lo hacen los salarios, hay una brutal transferencia de ingresos de asalariados a empresas. Y esto es absolutamente independiente de la ideología del consumidor. Entonces, parafraseando al viejo dicho popular: “si nos organizamos, compramos todos”.
Tal vez la tarea más importante de Alberto Fernández y su gabinete sea diseñar un dispositivo comunicacional que permita clarificar la situación y salir de la trampa mortal propuesta por los medios masivos de comunicación que han conseguido responsabilizar a los gobiernos de la inflación por la emisión de dinero. A ver, para hacerlo sencillo, si un gobierno no aumenta la emisión en un contexto inflacionario, la caída de la capacidad adquisitiva del dinero hace que se produzcan menos transacciones, y eso hace que el PBI caiga. Las más de las veces, la emisión no es la causa, sino la consecuencia de la inflación. Paradójicamente, cuando los gobiernos han sido responsables directos de la inflación, como durante la gestión anterior, cuando los precios de los servicios públicos se multiplicaban exponencialmente, los medios masivos mantuvieron respetuoso silencio. Ahí está la trampa a desarmar. Hay que transformar la lucha contra la inflación en una cruzada nacional, e incluir a todos los ciudadanos en la disputa. Si no logramos eso, difícilmente la guerra sea ganable.