Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en una entrevista concedida al periodista Luis Majul que el FMI investigará el crédito otorgado a mediados de 2018 al gobierno de Mauricio Macri. Si bien se suscitó una controversia en relación a los alcances de esa investigación, ya existen antecedentes firmes de trabajos anteriores que ponen la lupa sobre el proceso de negociación y otorgamiento de la línea. Puntualmente, Alejandro Werner, ex encargado para el Hemisferio Occidental del Fondo, declaró esta semana que el organismo no va a analizar los destinos de los fondos aportados por el FMI. Sin embargo sólo dice parte de la verdad. Es probable que no se investiguen los destinos específicos de la fuga de capitales, pero sí se debe determinar si se utilizó el préstamo para financiar la salida de capitales. Si esto pudiera demostrarse, se habría violado el artículo VI del estatuto que impide expresamente que esto ocurra, a costo de suspender inmediatamente las remesas al país beneficiario del crédito. Pero veamos los antecedentes vinculados al anuncio del ministro de Economía.
El primero tiene lugar a fines de febrero de 2021, cuando el BCRA El Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado. El BCRA pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.
En marzo de 2021, el informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detalló que la deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional se asumió sin determinarse previamente las implicancias de mediano y largo plazo, y sin respetar los procedimientos formales previstos para este tipo de operaciones. En el paper se analizaron las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en la materialización del acuerdo y la posible existencia de perjuicio para el patrimonio público. El documento de la Sindicatura fue remitido por su titular, Carlos Montero, al presidente Alberto Fernández y a Felix Crous, jefe de la Oficina Antincorrupción, organismo que ya formalizó una denuncia penal por «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos» por los procedimientos aplicados para el acuerdo. Gracias a las tareas de auditoría realizadas por la Sigen, se constataron «incumplimientos en los procedimientos esenciales aplicables a la suscripción del Acuerdo Stand By firmado entre la República Argentina y el FMI en el mes de junio de 2018 y su ampliación». De acuerdo con el informe, «quedó demostrado que se asumieron compromisos con el FMI sin determinarse antes su impacto en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento, al tiempo que se omitió deliberadamente cumplir con los mecanismos normativos exigidos para este tipo de operaciones». Esto cobra aún mayor relevancia en función de las consecuencias derivadas de la ejecución del acuerdo, que fueron señaladas por el Banco Central en su Informe de «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019», referidas a la fuga de capitales del sector privado, la formación de activos externos y deficiente controles cambiarios.
A fines de diciembre de 2021 el mismo FMI elaboró un informe, llamado Evaluación Ex-Post, donde ofreció la primera explicación formal sobre los motivos que llevaron al fracaso del plan de Macri para restaurar la estabilidad de la economía, luego de la corrida cambiaria que se desató a fines de abril de 2018. Se trata una auditoría que el Fondo Monetario realiza habitualmente para los préstamos de “acceso excepcional”, cuyo monto está por encima del límite normal al que puede acceder un país, tal como ocurrió con el Acuerdo Stand-By (SBA, según sus siglas en inglés) que obtuvo la administración macrista. Según el organismo, el programa económico de Macri tuvo una estrategia “demasiado frágil” para encarrilar una economía plagada de problemas, y fracasó por un cóctel explosivo de desaciertos, falta de apoyo, restricciones y errores de diagnóstico, en el que sobresalen dos: un “espacio político limitado” para implementar reformas estructurales, y” el rechazo de la administración macrista a reestructurar la deuda y restaurar el cepo para fortalecer el plan”. El informe describe un programa inconsistente, agobiado por defectos, y a un gobierno débil, sin margen de acción, en un contexto político adverso para elaborar soluciones. “Las líneas rojas de las autoridades se sumaron a las limitaciones en las políticas”, indicó el trabajo. “Además, restaurar verdaderamente la confianza hubiera requerido no solo mejorar las finanzas públicas, expandir la base de exportaciones y abordar otros desafíos estructurales, sino también demostrar que las reformas para estos fines serían duraderas, un desafío complejo dada la historia y la política económica de la Argentina”.
Para ir cerrando, la AGN dio conocer un informe a mediados de mayo de 2023. En su dictamen de mayoría (4 a 3, con los votos negativos de Miguel Ángel Pichetto y Jesús Rodríguez), el colegio de auditores del organismo consideró que: «Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos». Es la primera que se realiza un estudio de estas características sobre un préstamo del FMI. Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacaron «relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo». Además, se advirtió sobre «la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública». El informe de la auditoría también destacó que por el préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de trece mil millones de pesos equivalentes, por ejemplo, al 52 por ciento del presupuesto del Conicet en 2018. Ya con el préstamo récord otorgado, el detalle de los auditores subrayó que «casi el treinta por ciento de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros». Como conclusión, la auditoría especializada señaló que «los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento». Finalmente, se consigna que «El auditado (Ministerio de Haciendas-Banco Central gestión Macri) tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública».