La noticia que nadie quería escuchar se conoció este viernes. La Justicia confirmó que el cuerpo hallado en Resistencia es el de Angelina Cáceres, la adolescente de 13 años desaparecida el pasado 23 de diciembre.
El cadáver fue encontrado por medio de un drone de la Policía chaqueña en la calle 25, a unos 800 metros de la avenida Soberanía Nacional. “Hago cargo a la seccional quinta, hijos de p.. no hicieron nada, dejaron que la maten estos hijos de p…. Hago cargo al comisario y a todos los policías. Ahora que me vengan a agarrar”, sostuvo el padre de la joven al conocer la noticia.
Las integrantes de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se hicieron eco del hecho y volvieron a reiterar que es necesario declarar la Emergencia Nacional en Violencias de Género.
«Lamentablemente siguen pasando los días y nos encontramos y enteramos de casos como el de Angelina», sostuvo en declaraciones a CLG Sofía Botto, representante de la agrupación. Y agregó: «Nos vemos con la intención de reforzar un pedido que tenemos hace mucho tiempo que tiene que ver con la declaración de la Emergencia en Violencia de Género».
Botto contó que elaboraron 14 puntos que serían parte de un proyecto que se va a presentar en el Congreso para declarar la emergencia entre marzo de 2019 hasta marzo de 2020. «Son 14 propuestas que tienen que ver con la cuestión presupuestaria, tanto al Inam como a las provincias, aunque en Santa Fe contamos con $0 enviados desde Nación», detalló la joven.
«Además plantea el fortalecimiento de políticas que tengan que ver con el monitoreo de los agresores y que las medidas recaigan sobre ellos y no sobre las mujeres porque gran parte de nosotras tenemos que reforzar nuestra seguridad usando botones de pánico o haciendo denuncias de violaciones u ordenes de restricción cuando tenemos la posibilidad de utilizar las tobilleras y pulseras electrónicas, tanto para agresores de violencia de género como para agresores sexuales», siguió la coordinadora de MuMaLá en Santa Fe.
Además, remarcó: «Pedimos la elaboración de protocolos para aquellas personas que forman parte de las fuerzas de seguridad y tienen antecedentes en violencia de género. Y una implementación urgente de la ley Micaela que tiene que ver con una capacitación permanente a los distintos niveles del Estado en materia de derechos de las mujeres y de violencia de género».
«Ante este pedido concreto iniciamos una campaña de recolección de firmas y vamos a llevar ese proyecto al Congreso junto a las firmas y esperamos que diputados, y diputadas, senadores y senadoras aprueben y acompañen este proyecto», cerró Botto.