México inició la primera semana del año con al menos 80 homicidios, 24 sólo este último sábado y domingo, luego de haber sufrido el año más violento y con mayor cifra de asesinatos desde que se tenga registro, unos 30.000, que representan 20% más que en 2016, según estadísticas oficiales.
La sangre no deja de correr en vastos territorios de la geografía mexicana cuando se acaban de cumplir 11 años de que el gobierno del conservador Felipe Calderón (del Partido Acción Nacional) lanzó su cuestionada campaña de militarización de la lucha contra los “cárteles de la droga” que hasta ahora arrojó 235.000 homicidios y al menos 30.000 desaparecidos.
Diez de los 32 estados mexicanos fueron el escenario de enfrentamientos que tuvieron un contrapunto mortal, sobre todo Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, y Guerrero, en el sur y recostado sobre el Pacífico, debido a la encarnizada disputa entre bandas del crimen organizado, según el balance realizado por la agencia Ansa.
En el estado de Baja California (noroeste del país) en los dos primeros días de 2018 se registran 7 muertes violentas, según el reporte de la fiscalía local y en Guerrero tres desde los primeros minutos del año.
El 2 de enero, fue asesinado afuera de su casa Sabino Mejía Rodríguez, director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit.
Al día siguiente, en el céntrico estado de Hidalgo, dos disparos de arma de fuego cobraron la vida del ex alcalde de Mixquiahuala, Miguel Licona, y su hijo del mismo nombre, cuando desconocidos irrumpieron en su vivienda.
El día 4, el ex candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Tenampa, César Antonio García, fue asesinado en la zona montañosa central de Veracruz, sureste del país.
En Chihuahua, la primer semana de 2018 contabiliza 27 personas asesinadas sobre todo en Ciudad Juárez.
En el estado de Oaxaca, sureste del país, Daniel Cruz, hijo de un fiscal regional, fue asesinado en la localidad Huajuapan de León y su cuerpo abandonado dentro de un vehículo.
Esta provincia, una de las más pobres del país, pero donde la violencia suele no derivarse del crimen organizado sino de añejas disputas por la tierra o por razones políticas, 10 personas fueron asesinadas en diferentes zonas.
En el central estado de Zacatecas se registraron dos ataques en los municipios de Guadalupe y Fresnillo en los que murieron un jefe de la policía local y tres personas más, entre ellas una niña de tres años.
El fin de semana fue particularmente violento en algunas regiones del país, con al menos 24 personas muertas entre el sábado y el domingo.
En Guerrero, el mayor epicentro de la violencia desde que tomó estado público con la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, se registraron el domingo 11 muertos, uno de ellos menor de edad, en dos enfrentamientos.
Cinco de las víctimas eran miembros de un grupo de policía comunitaria de La Concepción, que actúa cerca del famoso centro veraniego de Acapulco, costas del Pacífico.
El sábado, en Baja California Sur, siete supuestos delincuentes fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos de la Marina ocurrido en el centro balneario de San José del Cabo, la noche del sábado.
En Colima, también el fin de semana un comando irrumpió en el barrio San Ignacio de Tecomán, y asesinó a seis personas, dejando heridas a un par más, con armas de alto poder.
La violencia renovada en el país ocurre a menos de seis meses de las elecciones presidenciales del 1 de julio, cuyos candidatos han abordado el tema de la criminalidad entre los asuntos principales de su agenda.
La semana pasada, el favorito para heredar el cargo que dejará vacante el 1 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto, Andrés López Obrador, del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que no reconoció el estrecho triunfo (0,1%) de Calderón en 2006 por considerar que hubo fraude, prometió poner fin a la ola delincuencial y a la guerra militarizada contra los narcos en solo tres años y presentó a su futuro ministro de Seguridad, en caso de ganar los comicios.
El aspirante del gobernante y centro derechista Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade descalificó su propuesta, que incluye una amnistía a personas involucradas por necesidad en actos criminales, pero no a los principales capos, lo descalificó y dijo que «no se puede enfrentar» este problema «con ocurrencias y recetas que en el pasado no funcionaron».
Con una espiral ascendente de la criminalidad, el tema podría convertirse en el mayor desafío del ganador de la contienda que se avecina, que podría poner a prueba su capacidad para hacer frente al cargo.