El presidente de la Cámara Baja presentó un proyecto de ley que contempla duras penas para delitos contra la propiedad privada en el campo
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para que se tipifique como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de 2 hasta 5 años de prisión.
En las últimas semanas se incrementaron los ataques a establecimientos agropecuarios en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, entre otras zonas.
“Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural”, explicó el titular de la Cámara Baja. “Es un delito ‘nuevo’ contra la propiedad. Opera como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural”, detalló.
Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT), quien acompaña el proyecto, aseguró: “En el Código Penal actual existen algunas regulaciones previstas como ‘estrago’, pero son de ‘aplicación imposible como defensa de la propiedad’, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.
Según el proyecto, el delito se producirá cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de:
– Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados;
– Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
– Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados.
– Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio.
– Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados.
La iniciativa, también, contempla una condena de 12 años de presión para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida. La presentación tiene como objetivo “proteger desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional”.