Por Hugo Yasky*
Las elecciones de este año implicarán un exigente examen para las políticas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Aunque se trata de una elección legislativa, para quienes tienen en sus manos la responsabilidad de ejecutar políticas de gobierno siempre el balance que hace la ciudadanía está referido a los resultados de esas políticas.
Sin embargo, ese examen habitual tiene dos dificultades adicionales.
En primer lugar, se da en un contexto de pandemia. Y, por otro lado, porque se produce en medio de la crisis económica heredada tras cuatro años de un gobierno que destruyó el empleo, favoreció la especulación financiera y, finalmente, condujo a la Argentina a la encerrona de una deuda externa inusitada con un país prácticamente en default.
La crisis de la pandemia es un hecho inédito de dimensiones catastróficas para la humanidad. Según la OIT, se han perdido, desde el inicio de la misma, alrededor de 400 millones de puestos de trabajo.
Para que quede claro, la crisis recesiva y la pobreza que generó la pandemia con las medidas de aislamiento a las que estuvieron obligados a tomar todos los gobiernos del planeta llevó a una caída global de la actividad económica más profunda que la del crack del año 1929.
En la Argentina no estuvimos exentos de estas penurias económicas y sociales que, básicamente, impidieron revertir el cuadro recesivo que ya existía previamente.
A pesar del esfuerzo del Estado que destinó el equivalente a cinco puntos del PIB para afrontar la emergencia social, a través de los ATP, del IFE, de los subsidios sociales y la tarjeta alimentar, todo esto no alcanzó para retomar el objetivo que se había planteado antes del inicio de la pandemia: encender la rueda de la economía.
Al mismo tiempo se destinó una enorme cantidad de recursos estatales para poner a punto un sistema de salud que estaba prácticamente desquiciado.
Se construyeron hospitales, se multiplicaron las salas de cuidados intensivos, se adquirieron respiradores y, finalmente, se está llevando a cabo una campaña de vacunación que puso a la Argentina entre los pocos países del mundo en los que se ha logrado masificar la inmunización de sus habitantes.
Argentina y México son los únicos países en América latina en condiciones de producir la vacuna.
Es decir, con las intermitencias debidas a la irrupción de los gobiernos neoliberales, hemos sabido sostener un sistema productivo que debe ser recuperado plenamente.
Creemos que la mayoría de nuestro pueblo va a hacer una valoración positiva tanto de los esfuerzos en materia sanitaria como de que el gobierno no eligiera cruzarse de brazos y mirar para el costado ante los despidos generados por un escenario económico condicionado por factores internos, como la política que había legado al macrismo, y externos, como la recesión económica y la caída del comercio global producto de la pandemia.
Pero la elección, es mucho más que un examen para nuestro gobierno, es también la ratificación de un compromiso para unir voluntades en un rumbo que nos permita salir definitivamente de esta crisis.
Hay medidas, como las que se han anunciado en estos días el empleo joven subsidiado con recursos del estado, la protección a las pymes para que puedan generar otra vez empleo, que van a ser útiles para revertir los actuales niveles de desocupación.
Pero hay una medida fundamental, que el gobierno asumió como un compromiso en el que los sindicatos y las centrales sindicales vamos a jugar un papel clave: garantizar que los salarios queden por encima de la inflación.
Esa es la condición imprescindible para que cualquier intento de reactivación tenga sustento. Esto también es un compromiso y una muestra sólida y palpable de que el Frente de Todos intenta avanzar hacia una Argentina en la que el poder de compra de los asalariados sea el piso sobre el cual se logre asentar una economía productiva.
(*) – Diputado Nacional del Frente de Todos.