Por Inés Brizuela y Doria (*)
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres sigue siendo un mandato constitucional incumplido. Ello adquiere una especial relevancia en el ámbito de la Magistratura, ya que son las juezas y jueces de la Nación quienes tienen la enorme responsabilidad de ser custodios del sistema republicano. El desafío es entonces, que desde los lugares de responsabilidad institucional, seamos capaces de contribuir a un cambio efectivo que revierta el desequilibrio que hoy existe.
El «Mapa de Género en la Justicia Argentina», elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho visible la desigual integración de la Magistratura argentina. Las estadísticas elaboradas y sistematizadas por la OM nos permiten tomar conciencia de la desigualdad entre mujeres y varones para el ingreso a la Magistratura. Barreras ocultas dificultan la participación de las mujeres en la convocatoria a concurso, distintas circunstancias que nos desalientan a la hora de competir para ocupar cargos de mayor jerarquía y toma de decisiones.
Investigaciones demuestran que los obstáculos son: discriminación, estereotipos y roles tradicionalmente impuestos, distribución desigual de las tareas de cuidado, subvaloración, violencia y acoso, entre otros. Es evidente que, a pesar de los esfuerzos y avances, nuestro país está lejos de cumplir los compromisos internacionales asumidos como Estado. Un debate urgente nos debe poner en el camino correcto para diseñar y poner en práctica medidas de acción positiva que constituyan herramientas para lograr la igualdad que manda nuestra Constitución.
Al asumir mi función, en representación del Senado de la Nación en el Consejo, me sentí interpelada por la necesidad de poner en valor el hecho de ser la primera mujer de la UCR que integra este órgano constitucional. Por ello, nos propusimos poner a la mujer y la perspectiva de género en el centro de la acción, tal como he intentado hacerlo en los diferentes ámbitos de la función pública en que me he desempeñado.
Desde la Comisión de Reglamentación que presido, continuamos la tarea comenzada por quienes nos precedieron en los intentos de generar acciones positivas para disminuir la brecha entre mujeres y varones para el ingreso a la Magistratura.
En esa labor, encontramos un proyecto de la ex consejera Gabriela Vázquez, que no había logrado poner en debate. Ella propuso que «en caso que las ternas sean conformadas por hombres en su totalidad, se incorpore una postulante mujer siempre que la misma haya obtenido los puntajes reglamentarios mínimos, la entrevista realizada haya sido satisfactoria y la brecha de puntaje con quien integre el tercer lugar de la terna no exceda el 15% de los puntos totales posibles en un concurso».
La lucha por la igualdad real de oportunidades es una lucha colectiva, que no debe encararse como un problema de la mujer. Todas somos parte de una misma construcción, y tenemos la obligación de recoger a nuestro paso los hitos que van dejando las mujeres que nos precedieron, con plena conciencia que cada paso adelante es el resultado de mucho esfuerzo, y que cada avance en materia de igualdad de derechos es una conquista, no solo en favor del género, sino en favor de la sociedad toda.
Bajo ésta lógica, recogimos la iniciativa de Vázquez, y presentamos también nuestra propuesta para modificar el reglamento de concursos, convocando a las distintas voces autorizadas en la materia para celebrar la primera audiencia pública sobre la problemática, bajo la consigna «Incorporación de la mujer en las ternas para el ingreso a la Magistratura».
Esta primera experiencia fue altamente satisfactoria: pudimos conocernos y reconocernos, mujeres y varones, en pos del mismo objetivo. Pudimos enriquecernos con las distintas miradas de legisladoras, académicas, juezas/ces, fiscales, trabajadoras/es del poder judicial, sociedad civil; y surgieron muchas iniciativas más, que integran desde entonces nuestra agenda de trabajo, y reconozco además la voluntad de mis compañeras y compañeros consejeros para avanzar con acciones éste sentido.
La paridad en la integración de la función judicial, sumada a la necesaria perspectiva de género, garantizará y facilitará el acceso a la justicia para la ciudadanía, redundando ello en una administración de justicia de mayor calidad. Estas normas, intervenciones, abordajes y empatías no deben estar reservadas a un género, porque mientras más plural sea la mirada de la justicia, más posibilidades tendrá de lograr sus fines y modificar patrones socioculturales arraigados, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios, estereotipos y prácticas negativas aún existentes.
Esta pretensión constituye un mandato constitucional y supra nacional. Una obligación impostergable, que asumimos con mucha responsabilidad y conciencia colectiva, decididos a acercarnos al «calor» de la República. Porque no hay República sin igualdad real de oportunidades. Porque es hora de quebrar ese techo de cristal que nos asfixia y nos impide desarrollar todo nuestro potencial como integrantes de una misma Nación. Porque queremos que «la mujer» que sostiene la balanza y la espada, deje de ser solo un símbolo, y sea una realidad: «Más mujeres en la Justicia: más y mejor República».
(*) Senadora nacional por la UCR de La Rioja. Integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.