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Los precios de barbijos y termómetros deben retrotraerse al 6 de marzo


En el caso de los tapabocas, se fijó un precio máximo de 40 pesos por unidad, ya que se han verificado aumentos generalizados en el valor de venta de productos de uso sanitario críticos

El gobierno estableció hoy que los precios de los termómetros corporales y los barbijos no quirúrgicos, deberán retrotraerse de manera «transitoria» a los valores vigentes al 6 de marzo último.

En el caso de los barbijos, se fijó un precio máximo de 40 pesos por unidad, ya que se han verificado aumentos generalizados en el valor de venta de productos de uso sanitario críticos.

Además, limitó la comercialización de los «barbijos tipo N95 y/o quirúrgico y/o TRI-CAPA», exclusivamente para aquellas personas humanas que acrediten su condición de profesional o personal del servicio de la salud, y/o a las personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese servicio.

La decisión -que se tomó en el marco de las medidas tendientes a morigerar el impacto de la pandemia de coronavirus- se formalizó por medio de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir a partir de mañana.

A través de esta medida, el Poder Ejecutivo fijó que todos los productores, distribuidores y comercializadores de termómetros y barbijos no quirúrgicos, deberán poseer en cada uno de sus puntos de venta el listado de los precios vigentes al 6 de marzo de 2020, para cada producto allí detallado que se encuentre a la venta.

La Casa Rosada justificó esta resolución al señalar que «corresponde extremar la más activa intervención de las autoridades ante el escenario excepcional derivado de la crítica situación sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-19».

«A los fines de asegurar la protección sanitaria y evitar situaciones de contagio, es menester garantizar el acceso a diversos productos críticos de la salud en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de la población», añadió.

Para el Gobierno, la escalada de precios registrada «atenta contra el bienestar de la población en estado de emergencia sanitaria y no se corresponde con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción de los productos sanitarios».