Consenso Federal trabaja en un proyecto que contemple otra posibilidad para la situación de la agroexportadora
Roberto Lavagna dejó en clara su posición en contra de la expropiación de Vicentin desde el primer momento. Por eso, esta semana elevó una propuesta a diputados de Consenso Federal con una alternativa para resolver el conflicto con la agroexportadora.
«Se habló de soberanía alimentaria… Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos…, pero haciéndonos oír y actuando», había tuiteado un día después del anuncio de la intervención de la empresa.
En esa línea, hizo referencia a la expropiación de YPF en 2012: «Hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien». Y añadió que en ese momento hubo «baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social».
El líder de Consenso Federal está trabajando en un proyecto alternativo para la situación de la agroexportadora que deja afuera la opción de la expropiación. Junto a diputados del espacio, está delineando un boceto sobre cómo se puede abordar el conflicto.
El Estado marcó como principales argumentos que Vicentin se convierta en empresa testigo, garantizar la soberanía alimentaria y también el temor de que termine en capitales extranjeros.
La idea de la empresa testigo, según Consenso Federal, quería fuera de discusión por el tamaño de la empresa y los precios de los granos los fija Chicago o China. Mientras que el de soberanía alimentaria, puesto en tela de juicio públicamente por Lavagna, también quedaría fuera y que la compañía exporta el 95% de su producción de harina y aceite de soja.
Entonces, desde el espacio consideran que podría quedar en pie es evitar que caiga en capitales extranjeros. Entonces, creen que no es necesaria la expropiación, sino la implementación de la «acción de oro». En ésta el Estado podría vetar las decisiones del directorio de la empresa.
Si bien los directivos quedarían al frente de las decisiones operativas y comerciales, no sería así con las estratégicas. Si en algún punto las compañías extranjeras hicieran una propuesta y la junta diera su consentimiento, el Estado podría recharzarla, a través de un representante.
El proyecto aún no está listo y Consenso Federal trabaja en el esquema. En caso de que el oficialismo lleve oficialmente al Congreso el proyecto para expropiar Vicentin, probablemente el grupo de Lavagna lleve el propio con esta alternativa.