El economista Gabriel Pogliani analizó en diálogo con CLG el nuevo lineamiento de la gestión de Alberto Fernández para frenar la pobreza y activar el consumo
El economista Gabriel Pogliani analizó en diálogo con CLG el nuevo lineamiento de la gestión de Alberto Fernández para frenar la pobreza y activar el consumo
Por Matías Gregorio
La Argentina cambió de rumbo. La ciudadanía dio su veredicto en las urnas tras cuatro años de más retrocesos que avances y desde el 10 de diciembre, día que asumió la gestión de Alberto Fernández, las medidas para salir de la crisis económica y social en la cuál se encuentra envuelto el país no se hicieron esperar.
El miércoles pasado el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo su debut ante la prensa en lo que fue un breve repaso de la complicada situación financiera y apenas dio pocas definiciones sobre los nuevos lineamientos económicos. Este martes, con el proyecto de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva» enviado al Congreso de la Nación, el funcionario volvió a hablar, ya con mayores precisiones sobre las acciones que llevarán adelante para frenar «el crecimiento de la pobreza, la indigencia y del hambre» y «activar el sector productivo», tal como afirmó Guzmán en sintonía con recientes declaraciones del máximo mandatario.
Gabriel Pogliani, economista de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario y profesor de economía a nivel universitario, explicó en diálogo con CLG qué es lo que busca el nuevo gobierno con el paquete de medidas que será implementado en caso de ser sancionado el proyecto por ambas cámaras legislativas, en medio de una deuda que deberá ser saldada.
Motorizar la economía
En primer lugar, Pogliani destacó que «el nuevo rumbo económico está marcado por la restricción cambiaria que ya puso el anterior gobierno llegando al final del mandato», y que por el momento decidió continuar la gestión de Fernández con un límite de 200 dólares por mes.
El cepo intentará ser profundizado con un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para atesoramiento, compras y turismo por el término de cinco años, aunque el Ejecutivo tendrá la facultad de modificarlo cuando crea necesario. «Son ampliaciones del cepo hacia aquellas operaciones a las que no había llegado en un primer momento», mencionó el economista.
Según se informó, el 70% de la recaudado por el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) será destinado a solventar los fondos de la Seguridad Social, es decir, la caja de los jubilados, y el 30% para obras de infraestructura y vivienda.
De la misma manera, se subirán los topes a las retenciones a las exportaciones de soja hasta el 33% y en el caso del trigo y el maíz hasta el 15%, lo que genera «una mayor presión tributaria sobre un sector productivo puntual que en este caso son los productos agropecuarios», indicó Pogliani. Además, Guzmán anunció un congelamiento de tarifas por 180 días.
«Estas medidas imposibilitan que cualquier agente económico pueda dolarizar su ahorro y así el Banco Central no pierde reservas, algo que necesita para pagar la deuda. Además, se logra que haya una especie de incentivo a mantenerse en el peso. Esto genera que el tipo de cambio no sufra los embates de una demanda que supera a la oferta, entonces se estabiliza y no suma presión sobre los precios internos, es decir, la inflación deja de crecer y tiende a descender. Al tener más pesos en la economía, menos inflación y un aumento del crédito, porque el ahorro que no se puede dolarizar quedará en los bancos y estos ofrecerán mayor cantidad de créditos a una tasa menor, se logrará que en los primeros meses del año próximo haya un aumento de la activadad económica, es decir, del consumo, y así se generará una pequeña variación positiva en el poder adquisitivo del peso. El objetivo es motorizar el mercado interno, que es lo que está necesitando la economía argentina», explicó el docente universitario.
Luego, a partir de la segunda mitad del año o de los meses venideros, «tendrán que replantearse si el cepo es una política de largo plazo o si estas políticas son para salir de una situación económica complicada para después elaborar un modelo a mediano plazo».
Reestructurar la deuda
Argentina es oficialmente el país que mayor deuda pública registra para América Latina y el Caribe en proporción al tamaño de su economía. Se trata de una cifra equivalente al 80% del Producto Interno Bruto (PBI), según datos del Banco Mundial, y las estimaciones más conservadoras ya señalan un crecimiento aún mayor para los últimos días del 2019.
El escenario actual del país está sumamente condicionado por este factor, que incluye no sólo al préstamo millonario tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri, sino que también abarca los diferentes bonos que vencen en los primeros meses del año próximo. En este sentido, Pogliani afirmó que «hoy la Argentina no tiene la posibilidad de pagarlos porque el Banco Central no dispone de las reservas necesarias para hacerlo».
«Esto nos da la pauta de que la deuda hay que reestructurarla. ¿Cómo se va a hacer? De la manera lo más amigable posible a través de una negociación de buena fe con los deudores sin declarar el default en forma unánime. Con la negociación se busca estirar los plazos para pagar, y si se puede, obtener algún tiempo de gracia, es decir, un año o dos sin abonar interés y capital, y a partir del tercer año empezar a devolver lo que nos prestaron», desarrolló el economista.
Por eso, para Pogliani «será fundamental que Argentina consiga una buena negociación con el FMI», ya que si bien el año que viene la administración nacional no debe devolver el préstamo, a partir del 2021 comienzan los primeros vencimientos y sobre todo en 2022 y 2023 está el mayor monto de devolución. «Un buen acuerdo con el Fondo, más un equilibrio de las cuentas fiscales y un superávit en la balanza comercial de Argentina con el resto del mundo lograrían que haya un mejor escenario para el crecimiento económico, que es el fin al que tiene que llegar todo plan de este tipo».
Invertir en pesos
El economista consultado expresó que como los agentes económicos no tienen posibilidad de dolarizar sus ahorros, algo conveniente es quedarse o invertir en pesos. Ante este panorama, «los plazos fijos en los bancos están aumentando porque es una de las pocas opciones que tiene el ciudadano para conseguir una tasa de interés».
«Esa mayor cantidad de depósitos que hay en los bancos es el fondeo que va a tener el sistema financiero para poder dar créditos a una tasa de interés menor. De acá en más vamos a ver una disponibilidad mayor de créditos de consumo, productivos, prendarios e hipotecarios, a una tasa menor de la que disponíamos en este último tiempo», adelantó Pogliani, y reiteró que «esto también es una fuente de motorización del mercado interno».
De hecho, la denominada Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que el gobierno envió al Congreso contempla la eliminación del impuesto de Renta Financiera a los plazos fijos en pesos. El proyecto establece que quedaran exentos los intereses originados por depósitos «en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público».
«El Estado de alguna manera debe compensar al mercado para que se quede en el peso. Cobrando un impuesto sobre ese ahorro en moneda nacional estaban yendo en la senda opuesta de lo que quieren lograr. Por eso tomaron esta decisión», subrayó el economista.
Créditos no bancarios
Por otra parte, el gobierno confirmó que lanzará créditos no bancarios a través del Ministerio de Desarrollo Social para beneficiar a «cuentapropistas», con tasas del 2 o 3% anual. «Van a ser microcréditos, no bancarios, para comprar herramientas o insumos de capital. Para que el carpintero tenga una sierra circular o una señora una máquina de coser, hasta máquinas más grandes», declaró el titular del ministerio mencionado, Daniel Arroyo.
Pogliani dijo que si bien esta cartera puede dar créditos, al hacerlo por afuera del sistema financiero los montos y la llegada de los mismos van a ser mucho menor: «Están direccionados a una parte de los ingresos bajos de la población que busca potenciar pequeños emprendimientos o tener capital de trabajo, es decir, comprar alguna maquinaria o insumos».